Asturias se fue a Madrid para lanzar una pulla más a la Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE). La consejera de Educación, Ana González, convocó a los medios junto a los responsables educativos de Cataluña, Andalucía y Canarias para decir en el Congreso de los Diputados que el currículo de Secundaria no podrá ser puesto en funcionamiento para el próximo curso escolar por falta material de tiempo y de dinero.
Fuentes del Ministerio se apresuraron a contestar ayer, con una sugerencia que suena fuerte, casi a afrenta: si no les da tiempo, que lo copien del currículo de Ceuta y Melilla.
El currículo de la ESO y el Bachillerato fue aprobado el pasado viernes por el Consejo de Ministros en forma de real decreto. La Consejera lamentó el "desprecio a las autonomías, a toda la comunidad educativa y a las familias" por la aprobación de ese real decreto sin pasar previamente por la Conferencia Sectorial de Educación.
Un decreto "precipitado" que se une "a los aspectos normativos fundamentales que están sin desarrollar todavía en Primaria". El malestar del Principado se debe, además, al hecho de que "los consejeros de las comunidades aún no conocemos el documento base sobre el que tenemos que trabajar" y a partir del cual tendrán que desarrollar, entre la ESO y el Bachillerato, "116 desarrollos curriculares, y eso contando a la baja", añadió Ana González.
Las cuatro comunidades críticas, entre ellas la asturiana, solicitan un aplazamiento de un curso para la puesta en marcha del currículo.
La secretaria nacional de educación del PP, Sandra Moneo, calificó de "irresponsables" a los dirigentes educativos de Asturias, Cataluña, Andalucía y Canarias, y pidió que "de una vez por todas quede al margen del rifirrafe político" porque está en juego "el futuro de las nuevas generaciones".
El próximo curso escolar se presenta clave en el desarrollo de la LOMCE, porque será cuando se sumen a la nueva ley educativa los alumnos de segundo, cuarto y sexto de Primaria. Es el curso de la prueba de conocimiento para los alumnos de sexto curso, que tendrá un carácter meramente orientativo. Pero también será el año de la implantación en primer y tercer curso de la ESO y del primer curso de Bachillerato. Se estrenará con baremos LOMCE el segundo curso de la FP Básica.
En estas circunstancias son entendibles los reparos de algunas comunidades ante lo que se avecina, sobre todo teniendo en cuenta que el desarrollo de los currículos de Secundaria es mucho más complicado que el de los de Primaria.
Pero aparte de tiempo hay un problema añadido de dinero. Ana González asegura que en materia de presupuesto "no sabemos cuánto nos van a dar", sin olvidar que "cada vez que nos dan una cantidad la cambian". La consejera asturiana incide en que la financiación de la LOMCE proviene del Fondo Social Europeo, lo que significa que "el PP hace una reforma educativa estructural y no tiene dinero para pagarla. Debería darles un poco de vergüenza como Estado".
El PP pide "voluntad política" y echa mano de plazos anteriores. Sandra Moneo advierte de que si hay comunidades que frenan la implantación de la nueva ley se corre el riesgo de "crear una España de diferentes velocidades" educativas. El PP recuerda que hasta 2017 y 2018 no se empezarán a hacer las primeras pruebas de diagnóstico, por lo que "hay un periodo de implantación muy flexible".
En esta guerra de plazos, fuentes del Ministerio de Educación hacían cálculos ayer y aseguran que la normativa reguladora de la LOMCE se aprobó con más margen que la de la antigua Ley Orgánica de Educación (LOE), promovida por los socialistas, "y entonces no supuso problemas".
El Ministerio que lidera José Ignacio Wert dice que el desarrollo de Primaria y Formación Profesional Básica de la LOMCE salió adelante un mes de febrero, mientras con la LOE se aprobó en abril. El de Secundaria y Bachillerato ha visto la luz un 26 de diciembre, tres días antes de lo que lo hizo la LOE.
"Estamos ante una situación que conviene que se medite porque esta ley va a ser derogada y le queda lo que le queda al PP en el Gobierno", advirtió muy gráficamente el consejero de Educación de Canarias, José Miguel Pérez.
