Asturias dejó de recibir 33,8 millones de euros del Ministerio de Sanidad y Asuntos Sociales en los tres últimos años como consecuencia de los recortes en la financiación del sistema de atención a la Dependencia, que para el conjunto de las autonomías ha supuesto una merma de 1.409 millones. Un informe elaborado por la Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales, valora en un 5 sobre 10 la implantación y desarrollo de la Ley de Dependencia en el Principado, tres décimas por encima de la media nacional.
Para la elaboración de dicha escala se tienen en cuenta una serie de indicadores, como el número de personas beneficiarias sobre el total de la población, las solicitudes, los dictámenes, las personas con derecho a dependencia pendientes de servicio, el incremento interanual de las personas atendidas o el gasto público en dependencia por habitante y año, entre otras. Las autonomías más afectadas por los recortes fueron Andalucía, Cataluña y Madrid, con 342,1, 240,4 y 145,4 millones de euros, respectivamente. José Manuel Ramírez y Gustavo García, representantes de la asociación, destacaron que si se añade al recorte en la financiación la rebaja acumulada en las cuantías a percibir por las personas dependientes con prestación por cuidados familiares (967,3 millones), la desinversión pública en el sistema es de más de 2.276 millones.
