El que escribe entra en terreno arenoso y movedizo, si bien me trae al pairo el cuidado que debo tener. Uno es así, liberal, incluso liberal conservador si usted lo quiere así. Me es igual cómo tilden este pequeño comentario. Como hay muchas gentes que desean una reforma constitucional, entiendo que innecesaria en lo fundamental, me encuentro en la obligación de dirigirme a uno de los aspectos más costosos y de menor eficacia-eficiencia en nuestra sociedad, al menos comparada con el sector privado.
Y antes de entrar en el núcleo de la cuestión, hacer un breve apunte. En este tiempo de crisis el ajuste le ha correspondido al sector privado. De hecho, vean las estadísticas. Empleo en el sector público, es decir, la Administración y sus empresas: ha aumentado el personal y la pérdida económica no ha sido nada gravosa. En cambio, en el sector privado es donde se han producido los despidos, teniendo en cuenta que los mayores de 50 años lo han perdido todo, a lo sumo les quedará pensión de miseria. Los que se encuentran en activo lo hacen por un salario muy inferior al de la etapa anterior. ¡Ojo! Su pérdida es muy superior a la del sector público. Lo sabemos todos. Eso en cuanto a los empleados.
Referido a los autónomos y pequeños empresarios, además de los que han desaparecido, algún ciento de mil que otro, tenemos a los que de manera atrevida, pues hay que vivir, han continuado y muchos de aquellos empleados despedidos son conversos del Régimen Especial de Trabajadores Autónomos; pues lo dicho, hay que seguir, no viviendo, subsistiendo. No les quiero contar el sector profesional liberal, aquel que hoy se encuentra abocado a la lucha diaria para el más elemental sostenimiento de su ejercicio profesional y vida.
Llegados a este punto, lo que propongo es algo ya sabido, no es de ahora; muchos se han pronunciado en ese sentido, el que sigue. Entiendo que el personal de la Administración pública debe seguir el sistema de contratación laboral, el mismo que hay para la privada. La Administración, como empresa y como dice el Artíuslo 103 de la Constitución, contratará conforme a los principios de mérito y capacidad. Realizará su selección de personal como entienda conveniente, como cada empresa lo hace. Su carrera estará supeditada a la legislación laboral, como la de cualquier otro trabajador.
Lo que no se puede hacer es crear puestos de trabajo vitalicios. Ya sé yo que la naturaleza humana es apoltronada, perezosa. Que quien hable de esfuerzo, no digo sacrificio, sólo de eficiencia y rendimiento, no es bien visto en esta sociedad del bienestar que persigue aquello de la vida muelle y regalada. Entiendo que no son así las cosas, que las únicas diferencias que debe haber estriban en el salario, producto de un trabajo que viene del conocimiento, la experiencia y la dedicación. Y que lo demás son privilegios y favoritismos. Resulta evidente que quienes hasta el momento que fuera tienen tal situación, continuarían en las mismas condiciones, tal normativa nunca podría ser retroactiva.
Sólo cabrían en la Administración como funcionarios vitalicios aquellos que ejercen soberanía, como son los jueces, la Inspección de Hacienda, los letrados del Estado? y, por supuesto, la oficialidad y escalafones superiores de las fuerzas armadas, además de quienes forman parte de los llamados agentes de la autoridad, Policía, Guardia Civil... Creo que al asunto está muy claro, queramos o no; aquí todos sabemos de lo que hablo.
