Sin duda, el grado de mendicidad que se percibe en el centro de Gijón supera al de otras ciudades españolas y, probablemente, sea debido al ?efecto llamada a foráneos? causado en Asturias por la ayuda económica de instituciones públicas y privadas a personas sin recursos. Intentando abordar este tema con objetividad, y tras consultar la hemeroteca de LA NUEVA ESPAÑA, he constatado los siguientes hechos:
Hace 11 años, el Gobierno del Principado estableció un Salario Social indefinido bajo las siguientes condiciones: ser persona mayor de 25 años, nacional (o no) de la UE pero empadronado en Asturias con dos años de antigüedad; que carezca de recursos económicos (pensión, prestación por desempleo); comprometido a su reincorporación laboral (por edad y carencia de limitaciones) y declarando no convivir con un familiar que ya cobre el Salario Social. Simultáneamente, se contemplaban varios supuestos de emergencia social para refugiados y apátridas. A 31-12-2016, el total de beneficiados era de 20.585, cobrando +450 euros al mes; de los que 14.558 eran demandantes de empleo y los 4.940 restantes tenían más de 65 años o limitaciones físicas que les impedían poder trabajar; registrándose 2.090 personas en lista de espera (LNE, 2-3 y 11-4-2017).
A su vez, con fecha 12-5-2017, el Ayuntamiento de Gijón ha presentado una Renta Social destinada a personas próximas a la exclusión social, con un presupuesto para el período 2.017 -2.018 de unos 4.000.000 euros; a cargo de la Fundación Municipal de Servicios Sociales, con una infraestructura de gestión cuyo coste inicial es 316.000 euros.
Su pretensión es atender a 21.000 familias, de forma complementaria a otras ayudas estatales-autonómicas para alcanzar ingresos mínimos que oscilen entre 532-1.065 euros (según la familia); sea a modo de renta trimestral o anual para comprar productos de primera necesidad (excluyendo gastos de ocio). Los requisitos de esta prestación son distintos a los del Salario Social, por cuanto la edad mínima del perceptor es 18 años, debiendo estar empadronado en Gijón por un plazo mínimo de 1 año y haber pedido anteriormente todas las ayudas posibles (prestación por desempleo, Salario Social del Principado, pensión o ayudas de ONGs) (LNE 7-2; 22-23; 10-5-2017).
Por otra parte, en el año 2016, Cáritas prestó asistencia en alimentación (por valor de 80 euros / mes), alquiler de vivienda, vestir, salud y formación a 5991 familias con un coste global de 7.884.540 euros; logrados mediante cuota social y donaciones (LNE,13-4-2017). Más aun, Cáritas ha inaugurado en una céntrica calle gijonesa su tienda de ropa usada en buen estado a precios módicos; destinada mayormente a familias empadronadas en Gijón, con ingresos inferiores a los 600 euros por idénticos conceptos a los ya descritos; resultando una labor elogiable si los destinatarios son adecuados (LNE, 8-6-2017).
Procede indicar que la Ley de 2005 que promulgó el Salario Social del Principado pretendía coordinar los programas que promueven la inserción social e incorporación laboral del beneficiado. Al parecer, no existe un registro único sobre beneficiarios de ayudas económicas en el Principado y cualquier institución precisa consultar al resto de entidades públicas y privadas (Cáritas y demás ONGs) respecto lo declarado por el solicitante, implicando un proceso complejo y lento.
¿Cómo se puede reconducir el tema? A mi juicio, se debería crear una prestación social unificada que cubra uniformemente al conjunto de familias sin recursos del Principado y que aporte una "gestión coordinada" de las subvenciones procedentes de las entidades sociales implicadas; evitando la picaresca de quien solicite ayudas simultáneas a todas ellas, superando rentas de 1.000?/mes si se burlan los medios de control y perjudicando a otras personas sin recursos. Para ello, el Gobierno del Principado, sus Ayuntamientos (incluyendo Gijón) y las ONG privadas deberían unificar sus bases de datos y utilizar idénticos criterios de ayuda, prescindiendo del signo político gobernante.
Además, considero que debería articularse algún tipo de labor social para acceder a esa renta social, con horario laboral proporcional a sus ingresos (de jornada completa en el caso de cobrar 1.000 euros/mes, como hacen tantos españoles en su precario puesto laboral). En caso de un desempleado en edad laboral, dicha prestación unificada no debería ser indefinida sino limitarse a un período razonable para lograr empleo; pudiendo ser de dos años (propuesta del Partido Popular de Asturias), aunque en Andalucía sea de seis meses.
Inversamente, se debería erradicar la política de dar a quien pide (a cambio de nada) o la demagogia de partidos políticos como Xixón Si Puede, al afirmar: "Que en Gijón no hayan personas o familias sin ingresos o con ingresos insuficientes" (LNE, 7-2-2017), porque más bien parece un discurso para condicionar al gobierno municipal en minoría. Sin embargo, coincido con los podemistas gijoneses sobre la necesidad del plan de emergencia social que rescate de nuestras calles a mendigos (españoles o extranjeros) para ofrecerles un techo, integración sanitaria y educativa o renta social (una vez empadronados); aun cuando, en justa correspondencia, el perceptor debería realizar una labor social asequible, como es el mantenimiento y limpieza de calles, plazas y jardines; o la retirada de pintadas en las fachadas de los edificios o comercios.
En resumen, defiendo una solidaridad ciudadana coherente, sensata y realista que huya de la ingenuidad y la demagogia, creando una renta social a cambio de una labor social controlada con el fin de reducir el "efecto llamada" de Gijón a foráneos que pretendan, exclusivamente, aprovecharse de nuestra bondad.
