El pasado mes de octubre se aprobaba en el Congreso de los Diputados una propuesta encaminada a retirar los pagos por capacidad a las centrales que superen los límites de emisiones de CO2. Esta propuesta, que está en consonancia con los compromisos adquiridos por España en la Cumbre del Clima de París de 2015, limitaría el papel de las térmicas como respaldo a la intermitencia en la producción de las energías renovables, lo que en la práctica podría suponer el cierre de las centrales situadas en Asturias en un breve plazo de tiempo.
Frente a este hecho, tanto desde el Gobierno autonómico como desde la Federación Socialista Asturiana se ha apelado a la pérdida de empleos y la histórica dependencia del carbón de las comarcas mineras para defender la necesidad de una transición energética justa que amplíe el horizonte de cierre de las térmicas hasta el año 2050.
Asturias necesita tiempo, se reclama. Tiempo para adaptar su modelo productivo a la descarbonización y lograr la conciliación entre la alta demanda energética de su industria y los objetivos de reducción de emisiones contemplados en los acuerdos internacionales. Tiempo para diseñar una planificación energética a medio y largo plazo y reclamar un reparto equitativo de los costes de acción por la lucha contra el cambio climático.
Pero esta realidad, aún siendo evidente, no puede convertirse en un lastre que frene la imprescindible transformación progresiva y progresista de nuestro sistema energético y productivo. La descarbonización de la economía de la Unión Europea no es solo un proceso necesario para contribuir a evitar una catástrofe medioambiental a escala planetaria: es una apuesta estratégica de futuro, y de la capacidad de adaptación a este nuevo escenario dependerá la competitividad de los estados y regiones y el bienestar de sus ciudadanos.
Asturias necesita tiempo, pero este no debe emplearse para convertir nuestra comunidad en un reducto tecnológico del siglo XX, bien avanzado ya el siglo XXI. Es preciso acometer de manera urgente la transición desde el actual modelo energético neoliberal, oligárquico, centralizado y no sostenible, hacia un modelo social, descentralizado y sostenible, basado en las energías renovables. Así mismo, debemos afrontar la modernización de nuestro tejido productivo, desde una industria tradicional altamente contaminante, hacia una economía verde de alto valor añadido.
Existen múltiples alternativas a la quema de carbón que no comprometen la seguridad energética de Asturias y que podrían generar cientos de puestos de trabajo. Pero para la consecución de este objetivo es preciso que instituciones, empresas y ciudadanos asuman la realidad del nuevo paradigma económico.
Desde las instituciones, promoviendo y protegiendo todas aquellas iniciativas que conduzcan a la emancipación y la autosuficiencia energética de nuestra comunidad y quienes la habitan. Eliminando trabas a la autogeneración y el autoconsumo energético de particulares y financiando proyectos de investigación, desarrollo e innovación encaminados a perfeccionar las nuevas tecnologías e implementar las ya existentes.
Desde las empresas, aprovechando las ventajas de la economía circular y afrontando el desafío de la descarbonización y la sostenibilidad como una ventaja competitiva que ofrece una oportunidad real de crecimiento.
Y por último desde los ciudadanos, tomando conciencia de su papel protagonista en el consumo y la generación de energía, comprendiendo la importancia de la lucha contra el calentamiento global y exigiendo un medio ambiente libre de agentes contaminantes. De nosotros depende.
