Gijón, R. GARCÍA
La entrada en vigor de la nueva normativa de seguridad vial no ha tenido apenas repercusión en Asturias, al menos por el momento. Los responsables de Tráfico de los cinco ayuntamientos asturianos más poblados (Oviedo, Gijón, Avilés, Siero, Mieres y Langreo) aseguran que aún no se ha incautado el coche a ningún ciudadano que haya cometido una infracción «grave» de tráfico, como prevé la reforma del Código Penal que entró en vigor el pasado jueves. En Aragón, los agentes municipales de las tres capitales mañas han incautado ya veintiún vehículos. La fiscalía calcula que tanto la Guardia Civil como las distintas policías locales podrían llegar a decomisar dos mil turismos en los próximos meses en toda España.
La reincidencia o la «extraordinaria gravedad» del delito contra la seguridad vial cometido por el conductor se han establecido por el momento como los criterios que seguirá la justicia para aplicar esta última reforma del Código Penal.
En algunos ayuntamientos asturianos los concejales de Seguridad Ciudadana y Tráfico han llegado incluso a reconocer su desconocimiento de este aspecto de la ley, que podría empezar a tener consecuencias sobre los conductores asturianos en los próximos meses. Conducir a 120 kilómetros por hora por ciudad, donde la velocidad está limitada a 50 kilómetros por hora, o superar ampliamente el resultado máximo en un control de alcoholemia supondrán a partir de entonces, además de la multa económica y la pérdida de puntos en el carné, el decomiso del coche.
«La Policía puede decomisar el coche en un primer momento en cuanto se ha cometido el delito, pero luego tiene que ser el juez de instrucción de guardia el que, como en todos los casos, certifique que esa pérdida del bien es legal», aseguró ayer a este periódico una portavoz de la Comisaría de Gijón.
