El consejero de Presidencia, Guillermo Martínez, ha anunciado hoy que el Ejecutivo regional ha iniciado nuevas acciones judiciales para obligar al Ministerio de Industria a ejecutar la sentencia que le obliga a pagar hasta 213 millones de euros por las obras financiadas por los fondos mineros anteriores a 2011.
En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, Martínez ha remarcado que, pese a los requerimientos judiciales, Industria se ha negado "reiteradamente" a cumplir la sentencia del Juzgado Central de lo contencioso administrativo número 4, que fue ratificada en su integridad por la Audiencia Nacional.
Las nuevas acciones judiciales emprendidas por el Principado también van dirigidas a que se declaren nulas las peticiones realizadas a Asturias por parte del Ejecutivo central para el reembolso de las inversiones correspondientes a proyectos ya ejecutados con cargo a fondos mineros y ya pagados por el Instituto del Carbón.
El presidente del Principado, Javier Fernández, dijo, en una entrevista emitida la pasada medianoche por la TPA, que la dilación por parte del Gobierno central en la ejecución de esta sentencia supone "literalmente una estafa" y "una agresión en toda regla" porque es algo que se le debe al Principado por "actuaciones concluidas".
"Están con unas dilaciones y unas maniobras lamentables. Seguramente, de todas las cuestiones del Gobierno de España que debería criticar es la peor, la que me parece más lamentable y, sobre todo, más injustificable", subrayó Fernández.
El portavoz del Ejecutivo regional ha insistido hoy en que desde el Ministerio de Industria, a través del Instituto del Carbón, "no sólo se ha desoído a los tribunales" sino que "el Ejecutivo central ha ido más allá al reclamar a Asturias la devolución de dinero invertido y al rechazar el pago de obras ya concluidas".
En la nueva reclamación judicial presentad por el Principado, el Ejecutivo asturiano pide que el Gobierno central informe al juez de la identidad de todos los cargos y autoridades responsables de hacer cumplir la sentencia firme sobre los fondos mineros de 2011.
Además, pide que se convoque "de forma inmediata" una reunión de la Comisión de Cooperación entre el Instituto del Carbón y el Gobierno de Asturias para analizar las incidencias que se hayan producido en la ejecución de los convenios de los fondos mineros de 2011, "con identificación de los posibles incumplimientos para poder establecer el pago de las cantidades adeudadas".
El Principado también interesa la "exigencia judicial" al Instituto de Carbón y al Gobierno de Rajoy "para que de forma inmediata cesen en la toma de decisiones contrarias" a la sentencia.
Por último, pide al juzgado que acuerde la "nulidad de todos y cada uno de los acuerdos" del Instituto del Carbón sobre los procedimientos planteados de forma unilateral que exigen la devolución de cantidades abonadas y la pérdida de derechos de cobro de proyectos de los fondos mineros ya ejecutados.
Martínez ha apuntado que se trata de 43 acuerdos de pérdida de derecho a cobro, 12 de reintegro parcial y 8 propuestas de acuerdo de pérdida de derecho al cobro.
Además ha recordado que hay en marcha otros dos procedimientos de reclamación judicial que elevan a 322 millones de euros el dinero que el Ejecutivo central "se niega" a pagar a Asturias.
Martínez ha criticado una actitud del Gobierno central que ha contrapuesto con la del Ejecutivo regional en los últimos tres años, "marcados por la lealtad institucional y la búsqueda de soluciones acordes a la ley en defensa de los derechos de los ciudadanos".
