La "operación Púnica" para desentrañar la trama sobre la supuesta financiación ilegal del Partido Popular (PP) mantiene atascados otros casos de presunta corrupción. Como el "caso Villa", para aclarar el origen del dinero que afloró cuando el exlíder sindical minero José Ángel Fernández Villa, y su exnúmero dos, José Antonio Postigo, también expresidente del Montepío de la Minería, aprovecharon la amnistía fiscal del ministro Cristóbal Montoro. Y es que la fiscal anticorrupción que investiga ambos casos es la misma: Carmen García Cerdá, que aunque ya viajó a Oviedo para tomar algunas declaraciones y envió a agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil a investigar, necesita más tiempo.
El "caso Púnica", trama de supuesta corrupción con epicentro en Madrid, vivió una primera fase en la que se realizaron más de medio centenar de detenciones y se intervinieron unas 150 empresas. El juez instructor, Eloy Velasco, acaba de dar otra vuelta de tuerca, al imputar a otros cinco cargos públicos: los consejeros madrileños Salvador Victoria y Lucía Figar; los diputados populares en la Asamblea de Madrid José Miguel Moreno (ex alcalde de Valdemoro) y Mario de Utrilla (este último aún alcalde de Sevilla la Nueva); y el consejero de Industria y Turismo de Murcia, también del PP, Juan Carlos Ruiz. Y parece que no serán los últimos.
Pero la fiscal Carmen García Cercá acumula sobre su mesa unos cuantos casos más, y las investigaciones de la lucha contra la corrupción son muy laboriosas y largas. De ahí que ya haya solicitado un par de prórrogas en el "caso Villa" que le permitirán ganar tiempo para investigar. La Fiscalía del Principado remitió el pasado marzo la totalidad de la documentación del "caso Villa" a Madrid, a petición de la Fiscalía Anticorrupción, con el objetivo de unificar la investigación sobre el origen de los 1,4 millones de euros que regularizó Fernández Villa al amparo de la amnistía fiscal, además de los 400.000 que "blanqueó" Postigo y los 50.000 de una hija del expresidente del Montepío.
Pero tras estos movimientos, parece que el "caso Villa" se atasca. La fiscal Carmen García Cerdá habría admitido que, al menos de momento, no llamará a declarar ni a Villa ni a Postigo, y que las diligencias y la investigación van para largo por la elevada carga de trabajo que tienen ella y los agentes de la Guardia Civil, según informó la TPA.
Las investigaciones de la Fiscalía Anticorrupción tienen carácter reservado y no ha trascendido siquiera si una vez que finalice la investigación en Madrid, las diligencias abiertas sobre Villa se remitirán de nuevo a Asturias o no.
