El impuesto de sucesiones ha configurado en España una geografía heterogénea y dispar en la que Asturias se afilia al trío de cabeza de la presión fiscal, completando con Andalucía y Murcia el grupo de tres comunidades autónomas que más han utilizado su capacidad normativa para incrementar la carga del tributo. Carlos Franco, jefe de servicio de Gestión Tributaria del Principado, abrió por ahí las jornadas formativas promovidas por el Colegio de Abogados de Oviedo para diseccionar en cinco sesiones, de ayer al 19 de noviembre, los pormenores de la carga impositiva de las herencias. Desde una perspectiva de análisis técnico, el recorrido por el inmenso catálogo de peculiaridades regionales del gravamen sitúa al Principado entre las "tres únicas comunidades" en las que la manipulación autonómica de este impuesto ha derivado en una elevación de la presión. A fuerza de aplicar bonificaciones menos generosas que otras regiones y de elevar tarifas sobre todo en los tramos de las herencias más altas, Asturias ha terminado incluida entre las autonomías en las que, "comparativamente, la normativa estatal es más beneficiosa que la autonómica", afirma Franco.
Aunque tampoco los incrementos han sido excesivamente significativos, matiza, el Principado comparte con Andalucía y Murcia la cabeza de una clasificación en cuyas antípodas figuran Madrid, Cantabria y La Rioja. Son éstas las autonomías en las que la cuantía de las bonificaciones ha conseguido "la práctica inexistencia del gravamen" cuando quienes heredan son los descendientes directos y cónyuges del fallecido.
He ahí el balance apresurado de los años que han pasado desde que las comunidades autónomas adquirieron en 1996 capacidad normativa para alterar las condiciones del impuesto de sucesiones, una cuestión extremadamente sensible que en el Principado se cuela en el fuego cruzado político cada vez que arrecian las reiteradas demandas enviadas desde la derecha para que Asturias imite a las regiones con bonificaciones más altas -Cataluña y Galicia se añadirían al grupo de las tres citadas- y suprima de facto el gravamen para los grupos de parentesco directo.
El Gobierno regional se ha comprometido a reformar el impuesto al menos en lo que atañe a la eliminación del "error de salto", esa particularidad anómala que en la terminología de Carlos Franco genera "falta de equidad" y que se sustancia en que un ascendiente o descendiente directo está exento de tributación si obtiene una herencia inferior a 150.000 euros, pero tributa por la totalidad del legado, "se le aplica la tarifa en toda su gravosidad", cuando recibe solamente un euro más de esa cantidad. A esta desviación en la que un euro más heredado hace pasar de cero euros a más de 18.000 en impuestos, Franco responde asumiendo su desacuerdo "desde el punto de vista técnico" e incluyendo entre sus repercusiones negativas que también "favorece el fraude fiscal".
Observa la experiencia del jefe de servicio que los herederos tienden a tratar de evitar el quebranto valorando a la baja, a veces de modo ilícito, los bienes y derechos heredados "para tratar de forzar la base imponible por debajo de esos 150.000 euros". La reforma que debería enmendarlo es, apostilla Franco, "una cuestión política. La idea es reformarlo en esta legislatura, pero es un problema de mayorías: si no hay presupuesto no hay ley de acompañamiento y tampoco ley de medidas fiscales..."
