El Gobierno regional descartó ayer cualquier tipo de acuerdo judicial en el "caso Marea". El Principado "reclamará que se resarza hasta el último euro defraudado, por lo tanto no hay lugar a ningún tipo de acuerdo", manifestó el portavoz del Ejecutivo, Guillermo Martínez, al término del Consejo de Gobierno de ayer.

Guillermo Martínez confirmó la existencia de ofertas por parte de las defensas de los acusados, que el Gobierno regional ha recibido en los últimos meses, pero rechazó la posibilidad de que prospere alguna de ellas. "El Gobierno regional no aceptará ninguna merma en los daños ocasionados a las arcas del Principado. No hay nada que acordar al respecto", recalcó, tajante, el portavoz del Gobierno asturiano.

Martínez afirmó que los servicios jurídicos del Principado "tienen autonomía plena para defender los intereses del Principado". Además, garantizó que "no se tomará ninguna decisión que suponga una merma en la reposición de los daños".

Las palabras de Guillermo Martínez son un jarro de agua fría a las aspiraciones de las defensas, que se habían concertado, salvo en el caso de José Luis Iglesias Riopedre, para llegar a un acuerdo con Fiscalía y Principado por el que reconocerían los hechos y pagarían las indemnizaciones a cambio de una rebaja de pena que les evitase la entrada en prisión a todos salvo a Marta Renedo.

Las defensas reconocieron ayer la dificultad de llegar a un acuerdo que "sería beneficioso para las acusaciones", en palabras del letrado Miguel Valdés-Hevia, que asesora legalmente al empresario Víctor Manuel Muñiz, de Igrafo. Valdés-Hevia auguró que el juicio durará al menos cuatro meses, a razón de dos sesiones semanales. La Fiscalía había señalado hace unos meses que su límite inferior de penas serían los tres años. Y otra dificultad atañe al monto de las indemnizaciones, que las defensas consideran excesivas.