El gobierno cree que en la trama del cable no falta dinero público

El consejero de Empleo, Industria y Turismo tuvo que abrirse paso ayer entre reproches de distinto tono y similar contenido de toda la oposición parlamentaria, que al unísono afeó al Gobierno pasividad, "opacidad", "negligencia" y un intento deliberado de hacer complejo y largo el proceso que debe desliar la "trama del cable". En la Junta General del Principado, expuesto al control de la comisión a petición del PP, Francisco Blanco hizo frente a la amonestación colectiva traspasando a la Justicia la responsabilidad de la dilación del caso, lamentando que "judicialmente apenas hayamos avanzado en más de un año" y rogando a los jueces la misma agilidad que sus antagonistas políticos le piden a él. "Nos ayudaría mucho a todos", afirmó, "que la Justicia actuase con la mayor velocidad posible en este asunto".

Mientras el Juzgado de Instrucción número 4 de Oviedo investiga indicios de malversación, prevaricación y falsedad documental en las obras de extensión de la banda ancha en Asturias, encomendadas a la empresa pública Gestor de Infraestructuras de Telecomunicaciones (GITPA), el Consejero mira los informes de los funcionarios que detectaron las anomalías y no aprecia indicios de que "haya salido dinero" del GITPA. Señales de "mala facturación" entre la empresa y el Principado, sí; "sobrefacturaciones" e "incoherencias" en el proyecto de construcción de la "Troncal del Occidente", también. Fugas de dinero fuera del sector público, no. Blanco quiso explicar lo que sabe del modus operandi de la supuesta trama y concluyó que la red occidental se tendió por el importe estipulado y sin sobrecostes, en total nueve millones de euros, pero que el descontrol que se desprende de los exámenes internos dice que fue el proyecto de construcción, y no la obra, el que "se facturó de más al Principado", y que en la maraña del cable también hay otras intervenciones, "por un importe muy considerable", que "se facturan de menos o no se facturan". Pero en la medida en que el descuadre afecta, según el titular de Empleo, exclusivamente a la relación entre el GITPA y la Administración, y no a sus vínculos con otras firmas, el dinero del desfase contable "será recuperable, seguirá en el GITPA", y por tanto en las arcas públicas.

Los informes detectan, en concreto, desfases de hasta dos millones de euros en esa "doble contabilidad" que llevaba la empresa y más de cien kilómetros de cable facturados de más.

"Una tomadura de pelo"

En una sesión bronca y tensa, especialmente en el intercambio de pareceres entre el Consejero y el diputado del PP José Agustín Cuervas-Mons, éste llegó a calificar sus intentos vanos de obtener información como una "tomadura de pelo". "Tiene usted una cara que se la pisa", clamó el parlamentario cuando Blanco se negó varias veces a detallar "de memoria", por no ser motivo de la comparecencia, los delitos concretos que se investigan y la condición bajo la que el Principado se ha personado en el proceso. "Si yo fuera Consejero", afirmó el parlamentario, "me habría personado como acusación particular".

El diputado popular había afeado a Blanco que el Principado no lo haya hecho, y que a cambio esté "tomando el camino equivocado, el de enrocarse y no colaborar en la investigación judicial". Tuvo su censura la compañía sin fisuras de todo el resto de la oposición. Lorena Gil (Podemos) acusó al Gobierno de "dilatar el proceso y querer hacerlo complejo" mientras Ovidio Zapico (IU) dejaba patente su "malestar por una comparecencia que no ha ayudado a depurar las responsabilidades políticas a que pueda haber lugar". Pedro Leal (Foro) invitó al Principado a no dejar el caso sólo en manos del juez y Armando Fernández Bartolomé (Ciudadanos) lamenta haber visto en el Principado una actitud "reactiva, opaca, poco transparente".