"En España se han perdido los consensos básicos, la situación se puede considerar crítica"

Autor, entre otros título del sugestivo libro "Kelsen versus Schmitt", el catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad del País Vasco Javier Tajadura Tejada ofrece este lunes, en la Junta General del Principado, una conferencia junto al historiador de los conceptos Javier Fernández Sebastián, bajo el título "El tiempo y el constitucionalismo". Tajadura advierte de que se han perdido los consensos básicos en España y eso aboca al país a una crisis muy peligrosa, sin olvidar las "mutaciones" en la Constitución que conducen a un "confederalización" que vacía de poder al Estado central.

–Su conferencia de este lunes se titula "El tiempo y el constitucionalismo". Un título un tanto críptico.

–El objeto de la conferencia es el tiempo y el derecho. Tratamos de explicar cuáles son las relaciones entre el tiempo y el derecho, poniendo de manifiesto que hubo un gran punto de inflexión con la Revolución Francesa con el surgimiento del constitucionalismo. Hasta la Revolución Francesa, el tiempo hacía el derecho. Con el derecho no se podían cambiar las situaciones pasadas. El derecho se acumulaba, se yuxtaponía e incluso prevalecía el derecho viejo sobre el nuevo, por lo que era muy difícil que hubiese novedades. El derecho se hacía por costumbre, por tradición, por historia, y con la Revolución Francesa el derecho puede cambiar situaciones pasadas.

–Parafraseando su libro, ¿es España un campo de batalla entre Kelsen y Schmitt?

–Pues sí. La esencia de la democracia constitucional, como decía Kelsen, son los pactos, los acuerdos, la transacción y el compromiso. En una democracia constitucional, el adversario nunca es el enemigo, sino un contrincante que tiene el mismo derecho que el otro a gobernar. La esencia es la alternancia, que está en crisis, porque hoy impera la idea contraria, que es la de Schmitt, la lógica del amigo-enemigo, de demonizar al adversario, considerar que el adversario no tiene derecho legítimo a gobernar. Es la raíz de la crisis que vivimos.

–Cualquier pacto es posible con tal de que no gobierne el enemigo.

–Claro. Realmente la democracia constitucional sí que tiene enemigos, los que aspiran a destruirla y reemplazar el liberalismo por el iliberalismo. Pero fuera de ello, los que están dentro del sistema son simplemente adversarios que por el pluralismo es lógico que tengan discrepancias, que haya disenso sobre cuestiones, pero tiene que haber un consenso fundamental sobre las reglas de juego, y esos consensos son los que se han perdido en España entre los partidos vertebradores, entre los partidos defensores de la Constitución. Y la ruptura de esos consensos puede tener consecuencias desastrosas.

–Ahora estamos a vueltas con la carta de Pedro Sánchez, con esa apelación emotiva y populista. ¿Estamos ante una suramericanización de la política española?

–Correcto, suramericanización en el sentido de predominio del populismo plebiscitario. El episodio de la carta de Sánchez nunca ha pasado en ninguna democracia parlamentaria. El primer ministro, o presidente del Gobierno en el caso español, es un gobernante elegido por el parlamento. El parlamento lo elige, el parlamento lo puede cesar, ante el parlamento debe rendir cuentas. En una democracia parlamentaria, no hay ninguna relación entre el primer ministro y el pueblo. Afortunadamente, hay una mediación. El populismo plebiscitario apela a la relación directa entre el líder y el pueblo, y la carta de Sánchez es la expresión de eso: yo me dirijo directamente al pueblo para que me apoye, salga a la calle, se movilice en mi defensa.

–Caudillismo puro.

–Exacto, tiene su origen en la forma de funcionar de los partidos políticos. Hubo un gran engaño. Nos vendieron aquello de las primarias para democratizar los partidos, elegir directamente al líder, pero al contrario, eso no es democratizar, sino pervertir la democracia, porque eso es devaluar los órganos intermedios, que es ante los que debería responder el líder, que ahora dice: me han elegido las bases y solo responde ante ellas.

–Hay unas apelaciones a la regeneración que pasan básicamente por controlar a la prensa.

–Sí. Más que unas apelaciones a la regeneración, parecen unas apelaciones a la erosión de la democracia, porque se ha planteado como una suerte de ataque a los medios de comunicación. La libertad de prensa tiene sus límites, que están en el ordenamiento jurídico y que los aplican los jueces. En España no tenemos ningún problema mayor que otros países en ese tema. Es cierto que todas las democracias constitucionales están amenazadas por la desinformación que sirve al populismo, pero en España no en mayor medida que otros países. En cualquier caso, no es el mayor problema para la regeneración democrática, que es muy sencilla. La Unión Europea nos dice cuáles son nuestros fallos. Primero que se elija un Consejo del Poder Judicial no repartiéndoselo entre los partidos, sino que la mayoría sea elegida por los jueces. En segundo lugar que el Fiscal General del Estado no esté vinculado ni sea elegido cada vez que cambia el Gobierno. Regeneración democrática es que haya una serie de cargos que no dependan de los partidos políticos, como el nombramiento de embajadores, ahora se están repartiendo embajadas. Con el "caso Koldo" estamos viendo que se está nombrando a unos personajes para unos cargos para los que no tienen cualificación. Regeneración es profesionalizar todos esos puestos.

–La situación en España se ha enrarecido especialmente con la amnistía. ¿Es constitucional?

–Me parece, como entendíamos todos hasta el pasado 23 de julio, que en la Constitución española ya desde que se elabora y se debate se tiene claro que no se iba a dar a las cámaras la capacidad de conceder amnistías. Se dijo que ya habíamos concedido una amnistía, la preconstitucional, que ya habíamos pasamos página, y ahora se establecía un Estado de Derecho. Pero aunque se hubiese puesto un artículo en la Constitución admitiendo que las cámaras pudiesen conceder amnistías, la de ahora tampoco sería constitucional, porque no es una amnistía que sirva para lograr la reconciliación, servir al interés general, sino que es una compraventa, por siete votos. Eso no ha ocurrido nunca.

–Desde hace una década o antes parece que asistimos a un intento de cambiar la Constitución Española por la puerta de atrás.

–La reforma es la asignatura pendiente. Cuando no se reforma conforme a los cauces, se da lo que los constitucionalistas llamamos mutaciones: cambia la Constitución sin seguir la letra y los procedimientos. Lo más grave es la mutación que se está produciendo en los últimos años. Vamos a una suerte de confederalización de España. El Estado autonómico deberíamos cerrarlo con una reforma, hacer un Estado federal, ordenar el sistema, porque está abierto. Esa apertura sirve para que por la puerta de atrás vayamos a la confederalización, a la vaciar el Estado de competencias, sin ninguna perspectiva de interés general. Así el estado no puede funcionar.

–¿Debe adaptarse la Constitución a los nuevos tiempos?

–Es cierto que las mutaciones son necesarias, para adaptar la constitución a los cambios, pero no se pueden cambiar los procedimientos. La española es la única Constitución que solo ha sido reformada tres veces para unas cositas. Pero el problema es que la Constitución se reforma cuando hay un consenso, y en España, como ese consenso se ha roto, una de las consecuencias es que se ha hecho imposible reformar. Es imposible ponerse de acuerdo en este país en nada.

–¿Vamos ahora hacia otro referéndum, esta vez legal?

–De la misma manera que hasta el 23 de julio decíamos que la amnistía era inconstitucional, con mayor claridad se ha dicho que un referéndum en una comunidad autónoma sobre la independencia es inconstitucional. Pero es que lo ha dicho el Tribunal Constitucional en reiterada sentencia, que a lo que todos afecta por todos debe ser decidido y la única manera de hacer un referéndum de autodeterminación en España es mediante un procedimiento de reforma constitucional agravado, que todos los españoles decidamos que una parte del territorio nacional pueda independizarse o se establezca una cláusula de referéndum. Es el único procedimiento, no puede haber otro atajo.

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