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El mayor caso de corrupción de la historia de Asturias

Riopedre: "Le pedí ayuda a Muñiz para mi hijo, en plena crisis, pero nunca a cambio de algo"

El exconsejero dice en el juicio de "Marea" que sólo intervino en contratos por la riada en Arriondas, y que le extrañan "mucho" las irregularidades en el material de colegios

Declaración de los acusados del caso "Marea"

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Sentado en la desnuda silla de los acusados, frente a los jueces, con su figura desmadejada, el viejo exconsejero de Educación exhibió ese punto de sorna que siempre le caracterizó, pero también sacó el genio para reivindicar su honradez e intimar a su letrado, Sergio Herrero, decano de los abogados gijoneses, a que le dejase terminar un argumento. En esta primera jornada de declaraciones del juicio del "caso Marea" que se desarrolla en la sección tercera de la Audiencia de Oviedo, José Luis Iglesias Riopedre admitió haber hablado con Víctor Manuel Muñiz, uno de los empresarios acusados, para que le diese trabajo a su hijo Ernesto, de la ingeniería Geogal, el auténtico talón de Aquiles de este Diógenes de la política.

"Conocí a Víctor cuando entré en la Consejería en 1984. Le pedí trabajo para mi hijo muchísimos años después, en plena a crisis, a principios de 2009, pero nunca a cambio de algo", aseguró. En la declaración salió hasta su nada boyante situación económica. Vive de su pensión y tiene que alquilar una habitación.

La declaración de Riopedre, para quien la Fiscalía y el Principado piden 10 años y medio de cárcel -AVALL eleva esta petición a treinta años- cerró ayer la primera jornada de declaraciones, en la sesión de tarde del primer juicio televisado de Asturias. Fueron seis horas de sesión, detenidas por los problemas de cervicales de Paz Rodríguez Pendás y la hora de comer. Previamente, la Audiencia comunicó a los letrados que rechazaba todas las peticiones de nulidad planteadas por las defensas el pasado 5 de abril. Los jueces solo accedieron a dejar sin efecto las grabaciones de las conversaciones entre Marta Renedo y su entonces abogado, Luis Tuero. Abrió el fuego de las declaraciones Renedo, siguieron Maximino Fernández, María Jesús Otero,_Pendás y Riopedre.

El exconsejero negó que tuviese intervención alguna en las contrataciones. "Yo era el que formalmente las llevaba, pero delante de mí firmaba la directora general de Planificación, la arquitecta jefe de la unidad técnica y la jefa de centros. Los contratos por debajo de 30.000 euros, yo ni me enteraba._La que tenía relación con los proveedores era la directora general._Evidentemente, yo no decidía la contratación", indicó Riopedre. Nunca se le planteó duda alguna sobre los contratos, "Se tramitó todo de forma regular._Yo no firmaba los pagos. La jefa de centros, previo conocimiento del acta de recepción, la enviaba a la oficina presupuestaria que reconociese la deuda._El pago lo hacía el servicio de tesorería._Yo no decidía", insistió. Bueno, sí, en una sola ocasión, con motivo de los daños causados en Arriondas por las inundaciones. "Cuando se trata de obras urgentes debido a catástrofes, según la ley de Contratos Públicos, compete al consejero contratar a las empresas que van a trabajar._Resulta que alguien de la Consejería me sugirió dar la limpieza a la empresa que ya realizaba esos trabajos en los centros y el mobiliario a los de siempre, Igrafo y Apsa", indicó. Igrafo tenía 600 elementos homologados, Almacenes Pumarín era la segunda que más tenía. Fue la única vez que intervino en contrataciones.

El interrogatorio de Sergio Herrero se movió entonces hacia el resbaladizo terreno de los sondeos geotérmicos, algunos de los cuales fueron realizados por la empresa de su hijo. La decisión de favorecer ese sistema para abaratar la calefacción -"estábamos obsesionados con solucionar las quejas de los institutos de que buena parte de su presupuesto se les iba en pagar la calefacción", indicó-, partió de un Consejo de Gobierno sobre cuyo contenido, dijo, tiene el deber de guardar secreto. "Hicieron un contrato con Nora, asesorados por la Universidad", aseguró.

"Es absolutamente falso que Víctor Manuel (Muñiz),_Otero y yo pactáramos algo directa o indirectamente para tratar lo de Infiesto", dijo, sobre los trabajos de geotermia que la empresa de su hijo. "En esa obra no solo trabajó Geogal, sino también otra empresa, y se repartieron los sondeos", aseguró. "Algunos trabajos no se llegaron a hacer", añadió, en referencia a los proyectos de Grado y el colegio Ramón de Campoamor de Gijón. "¿Cómo voy a dar instrucciones o asesorar a alguien que no era de la consejería? Ni se me ocurre", añadió.

Luego,_Herrero se movió a los viajes pagados al exconsejero, en noviembre y diciembre de 2009. En uno de ellos, con motivo de un congreso en Barcelona, terminó cenando con el consejero catalán de Educación, José María Maravall. "El congreso se hacía cargo del coste del hotel, las dietas tenía que pagarlas el Principado._Yo no cobré nada._Para mí fue una sorpresa enterarme por la prensa de cómo un viaje oficial termina siendo pagado por una empresa privada, no me cabe en la cabeza", aseguró. Después hubo otro viaje, Canarias. "Ese viaje no fue oficial, fue un regalo._Surgió en una cena con amigos._Cumplía setenta años._No tengo ni idea de cómo lo pagaron", añadió.

Riopedre mostró perplejidad por las irregularidades en el suministro de material a los colegios. "En general me extraña mucho, enormemente._Dado el mundo educativo, tan reivindicativo, si un material no se sirviera y se pagara a la empresa, se sabría. Algo ha tenido que pasar. En 22 años que estuve en la Consejería, no hubo ni una sola queja", confesó.

El interrogatorio volvió a aspectos personales. "Hombre, claro que puse dinero en la empresa de mi hijo, y sigo poniéndolo", aseguró. Llegó a pedir un crédito de 34.000 euros para ayudarlo, previendo la crisis, en febrero de 2010. "Nunca jamás he recibido alguna ventaja._Tengo una casa en Cereceda (Piloña) de 95 metros cuadrados y unos prados de muy escaso valor._Tengo un piso de 90 metros en Gascona. Tengo la misma situación económica que en 2011. Mi mujer y yo vivimos de nuestras pensiones y de una habitación que tenemos alquilada a una estudiante, por la que cobramos 210 euros. Cuando me detuvieron tenía 1.300 euros. El plan de pensiones se lo tragó la empresa de mi hijo", añadió.

Esteban Aparicio, abogado de AVALL, no se creyó esa situación tan precaria, y le preguntó de donde había sacado los cerca de 800.000 euros que necesitó la empresa de su hijo para reformas y maquinaria.

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