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Condenado el director general de una empresa de Castrillón por defraudar 641.148 euros

El acusado ha admitido los delitos, que conllevan una pena de 18 meses de cárcel

El director general de una empresa radicada en Castrillón admitió hoy haber defraudado al Fisco casi 540.000 euros en los años 2010, 2011 y 2012. A dicha cuantía hay que añadir los intereses acumulados por el fraude, elevando la cuantía total a 641.148,78 euros. El dinero ya ha sido devuelto a la Hacienda Pública, y el acusado ha admitido tres penas que suponen 18 meses de cárcel.

El Juzgado de lo Penal número 2 de Avilés ha acogido la ratificación del escrito de conformidad alcanzado entre las partes el pasado mes de octubre, según confirmó la Fiscalía . Tanto el directivo como la propia empresa, como persona jurídica, serán condenados por tres delitos contra la Hacienda Pública, correspondientes a las declaraciones por el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) de los ejercicios 2010, 2011 y 2012.

Según la Fiscalía, el acusado, en calidad de director general, y sin que hubiesen tenido participación los restantes miembros del Consejo de Administración, presentó las correspondientes declaraciones por el IVA, pero omitiendo operaciones de venta con la finalidad de minorar las bases imponibles y de este modo reducir las cuotas tributarias a abonar. Así, Hacienda dejó de ingresar 539.586,95 euros.

Con posterioridad a la actuación de la Inspección de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, la empresa implantó un Plan de Prevención de Delitos para evitar que hechos como los descritos puedan tener lugar en el futuro.

Antes de la presentación del escrito de conformidad entre las partes, en octubre de 2016 (ratificado hoy en el Juzgado) la empresa abonó al Fisco 641.148,78 euros, de los que 539.586,95 euros (158.349,43 + 185.851,80 + 195.385,72) corresponden a las cuotas cuyo pago se omitió y el resto a los intereses de demora, según liquidación practicada por la propia inspección.

La Fiscalía califícó los hechos como constitutivos de tres delitos contra la Hacienda Pública, de los que responden tanto el acusado como la propia mercantil, con una pena de cárcel de seis meses por cada ejercicio en los que se cometió fraude. Concurre en ambos acusados la atenuante muy cualificada de haber reparado el daño causado y en la empresa concurre además la circunstancia atenuante haber establecido, antes del comienzo del juicio oral, medidas eficaces para prevenir y descubrir los delitos que en el futuro pudieran cometerse con los medios o bajo la cobertura de la persona jurídica.

Además, a la sociedad mercantil se le condena al pago de multas de 63.339,77, 74.340,72 y 78.154,29 euros correspondientes a los ejercicios 2010, 2011 y 2012, respectivamente.

El fiscal no se opuso a que se le suspendiera al acusado las penas privativas de libertad.

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