La Audiencia Provincial tramitará el "caso Villa" para fijar la fecha de celebración del juicio sin esperar al informe de la Fiscalía sobre si acepta o rechaza la incapacitación civil del exlíder minero José Ángel Fernández Villa, aunque todos los indicios apuntan a que será rechazada. Dicho informe se presentará la semana que viene y será entonces incorporado a la causa, pero no se paralizará el procedimiento, como había solicitado la defensa del exdirigente sindical.
La familia de Villa había solicitado la incapacitación del exdirigente sindical alegando enfermedad mental sobrevenida, con un grado de deterioro cognitivo que le haría incapaz de ser oído en declaración.
La defensa del exlíder minero, ejercida por Ana García Boto, también planteó en su escrito de conclusiones provisionales la suspensión del procedimiento hasta que Villa recobre la salud. Solicitó además que sea sometido de nuevo a revisión para que se informe si ha habido mejoría en los últimos quince meses, teniendo en cuenta "la fuerte medicación prescrita". En el nuevo informe, pide la letrada, se debería aclarar si está o no en condiciones de "someterse de forma consciente a un juicio penal y si puede leer y entender las actuaciones procesales (...), así como facilitar a su defensa una explicación coherente de unos hechos acaecidos desde el año 1999 hasta la actualidad".
También alega García Boto que las médicos forenses deben explicitar si Villa está en condiciones de someterse a los interrogatorios y "en consecuencia, ir sobre la marcha adoptando las decisiones que más le convengan a sus intereses, incluido el decidir qué hechos debe callarse y cuáles debe reconocer, y especialmente si puede utilizar de forma eficaz el derecho a la última palabra, tras un juicio que forzosamente se va a celebrar en múltiples sesiones dada la complejidad de las pruebas de las acusaciones y defensas".
La Fiscalía rechazó adelantar el sentido de su informe ni si se le ha sometido a un nuevo examen médico. Pero distintas fuentes consultadas confirmaron que a Villa no se le han realizado nuevas pruebas médicas, aunque sí se han tenido en cuenta todas las que se le han practicado tanto con motivo de la demanda del SOMA por presunta apropiación indebida, como en el "caso Hulla", por supuesto enriquecimiento ilícito a cargo de los fondos mineros con la construcción del geriátrico de Felechosa.
El último informe sobre el estado de salud mental de Villa data del pasado 1 de junio, cuando se le practicó un reconocimiento en el Juzgado de Instrucción 3 de Oviedo, tras su detención y el registro de su vivienda en el marco de la "operación Hulla".
Las conclusiones de las médicos forenses coincidieron con las del neurólogo Alfredo Robles Bayón. En ambos casos los resultados provocaron que el exlíder minero tuviera que ir a declarar al juzgado tanto ante la magistrada instructora del "caso Villa", Simonet Quelle Coto, como de la encargada del "caso Hulla", Begoña Fernández.
Según dichos informes, el deterioro cognitivo de Villa no le impide ser oído en declaración o manifestar su voluntad. Eso sí, se debe utilizar un lenguaje claro y sencillo, con reiteración de las preguntas cuando sea necesario y dándole tiempo para responder. También se recomiendan recesos que le permitan descansar.
Fuentes judiciales indicaron que el informe que emita la Fiscalía la semana que viene se incorporará a la causa para que sea estudiado por la Sala de la Audiencia a la que corresponda el juicio. En el caso de que se admitiera la incapacidad civil, será el tribunal el que adopte una decisión sobre el procedimiento. Pero si se rechaza, se tramitará "todo exactamente igual que cualquier otro caso".
