El Principado ultima la mayor oferta de empleo público de su historia, alrededor de 4.500 plazas que abarcarán la sanidad, la educación y los servicios administrativos de la autonomía. El Gobierno regional tiene muy avanzados los borradores con las plazas que saldrán a concurso-oposición, con un objetivo prioritario: reducir las altas tasas de interinidad existentes en la administración asturiana tras la congelación de oposición durante una década, prácticamente desde antes del inicio de la crisis económica.
La oferta pública que está a punto de cerrar el Ejecutivo socialista con los sindicatos es la correspondiente a 2017, año en el que el Estado ha abierto el grifo tras las restricciones impuestas durante el último lustro a las tasas de reposición (sustitución de las plazas de los funcionarios que se jubilan) para recortar el coste salarial en todas las administraciones. Aunque las cifras del ajuste definitivo por puestos y categorías laborales no están cerradas, a expensas de su aprobación en la Mesa General de negociación del Principado, el Gobierno si maneja una estimación de las plazas que tiene previsto consolidar para reducir las elevadas tasas de interinidad en las plantillas autonómicos, que los sindicatos sitúan entre el 20 y el 30 por ciento de los aproximadamente 36.000 trabajadores de la administración autonómica.
El reparto, en números aproximados es el siguiente: en la sanidad están previstas cerca de 2.400 plazas, además de las 430 de la oferta pública de empleo (OPE) de 2016 que está pendiente de ejecutar; en la educación habrá alrededor de 870 nuevas plazas de funcionarios para personal docente no universitario, de las que el 70 por ciento se incluirá en la OPE de 2017 pero el 30 por ciento restante se repartirá entre 2018 y 2019 para sumarse a las respectivas tasas de reposición del personal jubilado que correspondan en esos ejercicios. Por último las plazas de funcionarios para la administración serán unas 350, aproximadamente. Además de todas estas plazas, también habrá otras que se reservan para la promoción interna: más de 400 en el área de educación, otras 400 en las consejerías y 80 en el ámbito de la sanidad.
Será la mayor oferta pública de empleo en un solo año en la historia de la administración autonómica, que inició su andadura en los años ochenta del siglo pasado. Pero en aquel momento la plantilla era mucho más corta, apenas unos 3.000 o 4.000 trabajadores, distribuidos en las distintas consejerías. El grueso de la plantilla autonómica, y de la correspondiente masa salarial, llegó mucho más tarde, con la asunción de nuevas competencias y las transferencias de las plantillas de la educación, la sanidad y, más recientemente , de la justicia. De ahí que la OPE de 2017 vaya a batir todas las plusmarcas del Principado.
Cuando queden completados los distintos procesos de oposición y concurso, el volumen total de la plantilla será bastante similar, según aseguraron a este periódico distintas fuentes sindicales. El cambio radicará en la consideración del personal: bajará sustancialmente la proporción de interinos, laborales e indefinidos no funcionarios y crecerá en la misma medida el número de funcionarios. El objetivo es reducir la tasa de interinidad al 8% en 2020.
La convocatoria masiva de estas plazas tiene una razón adicional al hecho de la congelación de convocatorias de oposiciones durante la crisis económica. "Desde 2007 no se convocó ni una plaza en el Principado", aseguraron a este periódico las mismas fuentes. Pero además, un interino sale más caro en la actualidad que un funcionario por el hecho de que de hay que abonarle una liquidación cada vez que finaliza su contrato y, además, las sentencias dictadas por los tribunales en los últimos tiempos reconocen a este colectivo el derecho a cobrar complementos como el de la carrera profesional siempre que el interino cumpla una serie de requisitos, como la permanencia en el puesto de trabajo durante un plazo de años determinado.
Entre los flecos que quedan por cerrar de la macro oferta pública de empleo, que afectará de manera similar a todas las autonomías, están las condiciones que regirán los concursos-oposición. Habrá que combinar el respeto a los principios de igualdad, mérito y capacidad que rigen para obtención de una plaza de funcionario, con la aspiración de los miles de interinos que han trabajado durante muchos años en puestos que ahora serán objeto de convocatoria pública.