Avelino Viejo salió ayer de la Junta cargando con un par de promesas de que se iniciará el proceso para su destitución. Se llevó también la intuición de que además parece articularse una mayoría suficiente para hacerlas prosperar y la constancia expresa de que su perseverancia en defender los métodos de selección de personal reprobados por los tribunales no convence en absoluto a la oposición parlamentaria. La comparecencia era para pedirle explicaciones y los antagonistas del PSOE terminaron reprochando a coro la gestión de personal del síndico mayor y la perseverancia de la Sindicatura de Cuentas en generalizar sistemas de provisión de puestos de trabajo que no admiten como habituales ni los servicios jurídicos de la Junta, ni el Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA), ni la ley de función pública. Viejo, que por dos veces negó la dimisión inmediata que expresamente le pidieron los representantes de PP y Podemos, escuchó cómo alrededor del mecanismo de cese anunciado por ambos se iban sumando al menos IU y Foro y cómo poco a poco se iba configurando así la mayoría de tres quintos de los votos de la cámara (27) que la ley pide para que la Junta haga realidad su relevo. El síndico defendió sin un paso atrás sus métodos antes y después de asegurar que cumplirá la sentencia que los considera impropios.

La cumplirá, dice, sin abdicar de sus motivos, o sin dejar de pensar que era él quien estaba en lo cierto. Que su opción por proveer 24 de las 39 plazas de su relación de puestos de trabajo (RPT) por concurso específico -con memoria y entrevista- y el descarte del ordinario de méritos que prefieren la ley, el TSJA y los letrados de la Junta fue ajustada y adecuada. Los jueces, y no es la primera vez, han anulado su RPT por el abuso de ese método y el de la libre designación -el "dedo"- para elegir a su director de fiscalización, pero a Avelino Viejo le sigue gustando. A glosar las virtudes de la fórmula dedicó ayer una parte abundante de su intervención ante la Comisión de Hacienda, donde comparecía a petición de la oposición para dar razón sobre el reproche judicial a sus sistemas de provisión de personal y donde escenificó su defensa asegurando que el concurso específico, "lejos de ser más laxo, es más exigente que el ordinario".

En su valoración, "los méritos de los aspirantes suelen pesar el setenta por ciento, frente al treinta de la memoria y la entrevista", que por lo demás son valoradas "por una comisión independiente", y se exige además que los méritos sean acreditados "mediante certificaciones", lo que a criterio del síndico mayor permite atajar la eventualidad de que alguien se presente con títulos de máster de "los que se compran y se venden" y hasta le lleva a la convicción de que con las condiciones que exigen las sentencias "la comisión de valoración va a contar con menos elementos de juicio. Si se aporta un máster con el título falsificado, no se podrá verificar".

Aduce también que el concurso específico se usa en otros órganos fiscalizadores autonómicos y en el Tribunal de Cuentas y remata asumiendo que obviamente los tribunales no piensan lo mismo, pero que a su juicio el fallo falló y su elección "no fue una decisión alocada, arbitraria o sin fundamento". Está incluso "razonablemente contento" con la sentencia, dijo, en la medida en que permite a la institución disponer de una relación de puestos de trabajo que estaba "varada" desde 2008, casi permanentemente acosada por una cascada de avatares judiciales. Sabiendo que iba a recibir de la oposición una catarata de reproches por impulsar ese catálogo desoyendo los reparos previos que la Junta y sus servicios jurídicos pusieron contra el concurso específico, Viejo se protegió recordando que la consideración previa del parlamento es para la Sindicatura "preceptiva, pero no vinculante", y reclamando "respeto para la independencia y las competencias" del organismo fiscalizador.

Mientras sufría el chaparrón de reproches de la oposición por su "obstinación" (Foro), "obcecación" (IU) o "ruindad" (PP), Viejo se protegió tras la unanimidad con la que el consejo de la Sindicatura dio de paso la relación de puestos de trabajo. "Las competencias en materia de personal son del consejo" y ahí, dijo, "el síndico mayor tiene un voto. De la responsabilidad que hubiere asumo la alícuota", remarcó antes de repetir que cumplirá la sentencia. Que las convocatorias públicas de los puestos afectados se harán con arreglo a las condiciones que pone el fallo, pero tampoco será de inmediato: para aplicarla esperará a recibir la tercera sentencia sobre el particular, la que después de las que tumbaron sus criterios a demanda de los sindicatos CCOO y Usipa debe sustanciar un recurso en términos similares presentado por CSIF.