El 75 por ciento de los pisos turísticos que se ofrecen en internet en Asturias son ilegales. Una cifra que se dispara hasta el 90 por ciento en la capital de la región. Ofrece los datos la Asociación de Hostelería y Turismo de Asturias (Otea) a través de su portavoz, Fernando Corrales, quien concreta: "No estamos en contra de estos alojamientos, pero exigimos que cumplan con la normativa".
Se refiere Corrales a que la normativa de Oviedo no permite el uso turístico ni comercial a ningún piso por encima de la primera planta, pero basta con entrar en portales como Airbnb o Homeaway para comprobar que hay cientos de pisos turísticos que se ofrecen para alquilar y que están ubicados en plantas más altas. La normativa municipal ovetense es en este punto más restrictiva respecto a Gijón o Avilés, donde no se especifican las plantas que se pueden usar para instalar un negocio o un alquiler turístico. Pero hay muchas más exigencias que los propietarios de estos pisos incumplen y que las empresas tampoco tienen en cuenta a la hora de ofrecerlos en sus portales. Y ahí reside el meollo de la polémica.
"Los portales pasan por alto las normativas y eso provoca graves problemas, hay comunidades de vecinos que no saben que en su edificio hay un piso turístico y ven que pasan al año cientos de personas de las que no tienen ningún tipo de información. Otros pisos no están dados de alta en el Registro del Principado, con lo que se fomentan la competencia desleal, la economía sumergida y en muchos casos la delincuencia, porque hay mucha gente con antecedentes que no se va a alojar en un hotel a sabiendas de que está controlado, pero sí en un piso de estas características".
Otro de los grandes problemas del boom de estos pisos, tal y como sucedió en lugares como Ibiza, es que muchos propietarios prefieren darle un uso turístico a su propiedad, que antes alquilaban por largas temporadas a profesionales, por ejemplo. En la isla ibicenca es prácticamente imposible que un médico o un profesor desplazado encuentre un piso para rentar durante el año, ya que a los propietarios les sale más a cuenta alquilarlo por periodos más cortos y a precios más altos en temporadas cortas. Es como se suele trabajar con los pisos turísticos de alquiler que se gestionan desde plataformas online.
El auge de este tipo de viviendas está trayendo problemas, y ya han sido muchos los ayuntamientos y las comunidades que han tenido que aplicar medidas para controlar este boom. En Baleares ya no se permiten estos pisos, y Valencia tampoco va a dar luz verde a ninguno de ellos salvo que estén ubicados en una planta baja o en un primer piso y que cumplan escrupulosamente toda la normativa vigente.
Más control del Gobierno
La capital balear fue pionera en atajar estos problemas derivados de la enorme oferta de pisos turísticos, y a partir del mes de julio ningún propietario de piso o apartamento ubicado en la ciudad podrá alquilar la vivienda a turistas. Después de llevar a cabo un estudio de la situación de la ciudad, se concluyó que el aumento de pisos turísticos no reglados había aumentado un 50% entre 2015 y 2017, y sólo 645 de las viviendas turísticas tenían la licencia en regla.
Además, el Gobierno balear impuso una sanción de 300.000 euros a Airbnb por publicitar viviendas sin licencia, que es precisamente lo que alertan desde Otea: "Eso mismo está pasando en Asturias, y el Gobierno debe tomar cartas en el asunto y exigir a las plataformas que todas las viviendas turísticas que se ofrezcan cumplan con la normativa pertinente".
El auge de este tipo de pisos tiene además otra consecuencia directa: que los pisos de alquiler tradicional aumentan su precio, ya que hay menos oferta, muchos se destinan ahora el uso turístico. En Gijón el precio de un alquiler tradicional ha subido en torno al 8 por ciento en el último año, y los profesionales del sector inmobiliario tienen claro que es una consecuencia directa de la enorme oferta de pisos turísticos que concentra la ciudad, muchos de ellos ilegales.
