"¿Tú crees que estos pueden hacer algo malo? Son un cacho de pan", dice emocionado Guillermo Muñiz mientras acaricia con cariño a Luci, una de sus perras mestizas de apenas cuatro años. Muñiz es el propietario de Rona, Luci, Terry, Toby y Lisper, cinco de los seis canes que el pasado 10 de julio mataron a dentelladas al octogenario Evangelista Canto en el pequeño pueblo sierense de Arniella. En cuarentena hasta hoy, mañana termina el plazo para conocer el destino de los animales, en manos de los veterinarios de la Consejería de Desarrollo Rural y Recursos Naturales.

Muñiz abrió en el día de hoy las puertas de la finca donde se produjo el fatídico suceso para, asegura, "demostrar lo mansos y tranquilos que son los perrinos". Tras superar el portón de entrada -eso sí, siempre acompañados de su dueño- los canes se alborotan, comienzan a ladrar y se acercan a olfatear y lamer a los desconocidos, pero nada hace sospechar que uno se encuentre frente a los animales que hace apenas días se han cobrado una vida, la de su vecino y amigo, que iba a visitarle en el momento en el que los canes se abalanzaron sobre él y acabaron con su vida tras destrozarle los brazos.

El propietario habla incluso de cómo "el día que hicieron los expedientes, los guardias civiles y los técnicos estuvieron ahí sentados (señala a una mesa a las puertas de su casa), con los animales alrededor sin problema".

Por eso Muñiz se enfrenta ahora a un dilema: sacrificar a los perros que acabaron con la vida de su vecino o regularizar la situación de unos canes que han demostrado su potencial violencia, pero a los que guarda especial afecto. "Me da mucha pena, sobre todo por Luci, que me quiere una barbaridad, pero no puedo tener esa carga de conciencia, ¿y si vuelve a pasar algo? Me metería en un lío", se lamenta Muñiz. Por eso prefiere que los sacrifiquen, y ya piensa en volver a comprar "dos perrucos pequeños".

Aunque asegura que, si desde la Consejería le ofrecen otra opción, como una perrera, "la aceptaría encantado". Eso sí, asegurarlos, ponerles microchip -sólo uno de los animales lo tiene- y darlos de alta en el registro, que es lo que le proponen los veterinarios para mantenerlos con vida, no está entre sus planes: "Con una pensión de 650 euros no tengo medios para eso", afirma con tristeza.