Ni indemnización económica ni derivación a un centro privado. Los pacientes de la sanidad pública que tarden en ser atendidos más tiempo del que estipula el decreto que ultima el Principado no recibirán compensación alguna. Tampoco se les ofertarán alternativas en la sanidad privada. Así lo reconoció ayer la Consejería de Sanidad, cuyos responsables indicaron que la futura norma recoge "un compromiso político" y también "una garantía para los ciudadanos de que daremos respuesta en plazo consiguiendo una mayor capacidad de resolución en los centros sanitarios públicos y en los concertados sin ánimo de lucro".
La negativa a derivar pacientes al sector privado forma parte de un acuerdo de la Consejería de Sanidad, de signo socialista, con Izquierda Unida, explicaron fuentes del Departamento que dirige Francisco del Busto. A juicio de los usuarios, este planteamiento convierte el futuro decreto en "papel mojado", según Susana Pérez-Alonso, presidenta de la Asociación de Usuarios de la Sanidad (Asencro). En algunos ambientes sanitarios se da por "completamente seguro" que con los recursos humanos y materiales disponibles actualmente en la redes sanitarias pública y concertada es "imposible" que Sanidad pueda cumplir los plazos a los que se compromete.
Este periódico publicó el miércoles que el próximo noviembre entrará en vigor un decreto del Principado que establece los tiempos máximos que deberán esperar los pacientes para una serie de consultas, intervenciones quirúrgicas y pruebas diagnósticas que la Administración considera prioritarias. Al contrario de lo que han hecho otras comunidades autónomas, y de lo que el PP de Asturias propuso en 2016, la norma no ofrece la posibilidad de ser atendido en un centro privado en el caso de que la red pública no cumpla con los plazos que ha comprometido.
Las opciones que oferta el Gobierno asturiano como alternativa a los centros dependientes del Servicio de Salud (Sespa) son los concertados sin ánimo de lucro: Jove y Cruz Roja (Gijón), Sanatorio Adaro (Langreo) y la Fundación Hospital de Avilés. Estas posibilidades ya vienen ofreciéndose, de hecho, desde tiempo atrás.
Tres plazos
El Ejecutivo tiene previsto aprobar el decreto a finales de este mes o principios del próximo. Entrará en vigor un mes después de su publicación en el Boletín Oficial del Principado (BOPA). Fija tres plazos máximos. Por una parte, 60 días (dos meses) para colonoscopias, mamografías, ecografías, tacs y resonancias. También 60 días para consultas de ginecología, oftalmología, traumatología, dermatología, otorrino, neurología, cirugía general, urología, aparato digestivo y cardiología. Y, en tercer lugar, 180 días (seis meses) para intervenciones de cirugía cardiaca (valvular y coronaria), operaciones de cataratas, histerectomías e implantes de prótesis de cadera y rodilla.
En el momento actual, las prestaciones sanitarias que están más lejos de cumplir lo que establece el decreto son las consultas de traumatología y oftalmología, que registran esperas medias de 108 y 70 días, respectivamente. En el ámbito quirúrgico, todas las que tienen regulada una espera máxima de 180 días están muy por debajo. Lo más complejo son las pruebas diagnósticas: la norma indica que todas se hagan en un máximo de 60 días, pero sólo las mamografías se ajustan a este plazo. Las resonancias están muy lejos (95 días de espera media), y lo mismo sucede, con menores demoras, en los TAC (escáneres), ecografías y colonoscopias.
Desde Podemos, el diputado autonómico Andrés Fernández Vilanova alertó de lo que considera "un indicador totalmente engañoso": el denominado "demora media". Y es que este concepto -vigente en todas las comunidades autónomas- incluye a todos los pacientes que están en lista de espera, incluidos los que acaban de ingresar en la misma. Si uno fue incluido el día anterior, su espera computa como un día -y baja la media global- con independencia de lo que vaya a tardar en ser atendido.
En el momento actual, las demoras en algunas especialidades y pruebas son superiores a las que indica la futura norma, que ya fue prometida hace más de 15 años por otro Gobierno del PSOE. En consecuencia, Sanidad está reforzando su plan de choque para no incumplir el decreto desde el momento mismo en que inicie su vigencia. Eso explica que, el pasado mes de junio, el Sespa reanudara, después de seis años de interrupción, las horas extraordinarias de médicos para acortar las esperas de determinadas especialidades de consultas externas.
