El Observatorio Ciudadano Anticorrupción de Asturias (OCAN) solicitará a la juez instructora del "caso Hulla" que llame a declarar al exministro de Industria Miguel Sebastián (PSOE), al exsecretario de Estado de Energía Pedro Luis Marín, y a Juan Miguel Benítez que fue gerente del Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras (IRMC), porque todos ellos ocupaban esos cargos de responsabilidad cuando se aprobaron los fondos mineros para que el Montepío de la Minería construyera el geriátrico de lujo en Felechosa (Aller). También prevé solicitar la comparecencia en sede judicial de técnicos de dicho ayuntamiento, del que entonces era su alcalde, Gabriel Pérez Villalta, y del actual regidor, David Moreno, que entonces era concejal de Urbanismo.

El "caso Hulla" trata de esclarecer el origen de la fortuna del exlíder minero y expolítico del PSOE José Ángel Fernández Villa y de quien fue su mano derecha, José Antonio Postigo, expresidente del Montepío de la Minería, después de que aprovecharan la amnistía fiscal del Gobierno del PP para regularizar dinero negro.

El portavoz de OCAN, José Ángel Gayol, y el abogado del colectivo Alberto Suárez, han justificado estas solicitudes ante la posibilidad de que pueda haber "indicios de prevaricación".

Benítez declaró ante la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que "vino impuesto desde arriba" modificar el real decreto que regulaba la concesión de fondos mineros para que "encajara" la construcción del geriátrico de Felechosa. Y calificó de "extraña" la modificación del Real Decreto que eliminó el límite máximo de ayudas del 1 por ciento del coste de la obra, lo que abrió la puerta a que se pudiera financiar la totalidad de la obra: casi 31 millones de euros.

"El artículo 13 de la Ley General de Subvenciones indica que para ser beneficiario de ayudas se deben cumplir los requisitos. No se pueden cambiar las reglas de juega a mitad de partida. ¿Qué pasó en las altas instancias políticas?", señaló Gayol. "Entendemos que puede haber indicio de prevaricación porque hay unas normas aprobadas y la legislación prevé los mecanismos para modificarlas. Pero hay que anular la subvención e iniciar un nuevo procedimiento. El Montepío presentó la solicitud y en vez de denagársela, se cambiaron las bases", añadió.

El abogado Alberto Suárez señaló que OCAN -ligado a Podemos- señaló que pedirán que todas estas personas declaren en sede judicial, aunque queda a criterio de la juez aceptar su comparecencia. "Esperamos que lo acepte para que Benítez se ratifique, porque es un testigo clave", indicó. En el mismo sentido se expresaron en relación a las presuntas irregularidades detectadas en el Ayuntamiento de Aller con el terreno en el que se construyó el edificio y el inicio de las obras sin licencias. "Alguna responsabilidad tendrán (por Villalta y Moreno)", añadieron.