El Gobierno regional da un paso adelante para reforzar la autoridad del profesorado en colegios e institutos de la red pública. El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy la modificación del decreto de derechos y deberes del alumnado en los centros no universitarios sostenidos con fondos públicos. La facilitación de medidas correctoras al profesorado para asegurar un clima positivo de convivencia es el objetivo del nuevo decreto, que entrará en vigor de manera inmediata tras su publicación en el Boletín Oficial del Principado de Asturias.
Una de las principales novedades del nuevo reglamento consistirá en que el profesor podrá aplicar medidas sancionadoras contra un ejemplo que moleste en clase y mandarle para su casa, sin tener que contar con el visto bueno de la jefatura de estudios del centro, como ocurría en la actualidad. Esta nueva fórmula puede propiciar, por ejemplo, que un alumno sea privado de asistir a la clase de una asignatura cuyo profesor le ha sancionado pero pueda acudir al resto de la jornada lectiva. El consejero de Educación, Genaro Alonso, manifestó que en este nuevo decreto "muchas conductas contrarias, si tienen por objeto al profesor, se tipifican como contrarias a la autoridad del profesorado y pueden tener una corrección más fuerte".
El decreto también entra en "el uso y abuso de las TIC" (Tecnologías de la Información y la Comunicación), avanzó el consejero de Educación. Entre los detalles que regula la nueva norma está el abuso de los teléfonos móviles en los centros. "Se tipifica la difusión de grabaciones de imagen o sonido, realizadas por personas de la comunidad educativo, con permiso expreso, como conducta gravemente perjudicial, que conllevará como medidas de corrección medidas que varían entre el cambio de centro, la expulsión por un período superior a 3 días e inferior a un mes". Alonso indicó que "se trata de que el centro tenga herramientas ante grabaciones sin consentimiento mediante móviles o relojes smartphone".
El consejero de Educación señaló la importancia que tiene este decreto porque "el profesorado verá reforzada su autoridad". El nuevo texto detalla las competencias de los profesores frente a conductas inapropiadas y las medidas disciplinarias que podrá aplicar directamente. Por ejemplo, se hace referencia expresa a la necesidad de mostrar respeto por los derechos y la dignidad de todos los miembros de la comunidad educativa, con el fin de asegurar un clima positivo de convivencia.
Además, el ámbito de aplicación del decreto no se limita a las actividades que tienen lugar en el centro educativo y a aquellas que, aunque se celebren fuera de estos recintos, están directamente vinculadas a la vida escolar, sino también a las actividades complementarias y extraescolares que requieren la presencia del profesorado. La norma actualizada facilitará también que los docentes ofrezcan una respuesta proporcionada ante posibles conflictos como las situaciones de acoso escolar derivadas, por ejemplo, del mal uso de las tecnologías. También refuerza su función como pilar esencial del sistema educativo, con el fin de que cuenten con prestigio social, reconocimiento institucional a su labor y respaldo legal a su autoridad.
El Principado considera que todas estas medidas son imprescindibles para avanzar en un sistema de educación equitativo y de calidad, que garantice el clima de respeto imprescindible para el ejercicio de la función docente, prime el mérito y el esfuerzo personal y eduque en la convivencia, los valores democráticos y la responsabilidad. La modificación materializa una de las actuaciones prioritarias previstas en el Plan estratégico para la mejora de la convivencia y la participación en los centros educativos del Principado de Asturias que, a su vez, desarrolla la Ley de Medidas de Autoridad del Profesorado. Esta última norma atribuye a los docentes la condición de autoridad pública, al tiempo que establece la presunción de veracidad de los hechos que constaten y expresen por escrito en el ejercicio de sus competencias correctoras y disciplinarias.
La norma, que fomenta también la resolución pacífica de conflictos, cuenta con informes favorables del Consejo Escolar del Principado y del Consejo Consultivo.
