La patronal de los geriátricos asturianos ha denunciado el "caos" en el sector, sometido a normativas y exigencias distintas en cada comunidad autónoma, lo que genera desigualdades. La falta de criterios comunes y de financiación son los principales problemas a los que se enfrenta el sector, que denuncia además que se adjudican contratos por debajo de los costes reales, lo que provoca recortes que repercuten en una correcta atención a los mayores dependientes.

Los empresarios reclaman un Ministerio de Mayores, con una dotación presupuestaria equivalente al 2% del producto interior bruto (PIB) y que además el Estado cumpla con la aportación del 50% de la financiación que fija la Ley de la Dependencia, y que el gobierno del PP de Mariano Rajoy eliminó con los recortes por la crisis económica en 2012.

La Asociación de centros geriátricos del Principado, Ascege, presentó ayer el primer informe que la patronal del sector realiza en Asturias. Se trata de un proyecto que se ha realizado a nivel nacional impulsado por la patronal nacional, CEAPS, que se puso en marcha en 2016. "Se trata de una iniciativa a nivel estatal que se basa en una comparativa por comunidades autónomas para analizar el caos de la dependencia y aportar soluciones", explicó ayer el presidente de Ascega, Arsenio Alonso.

Asturias se sitúa en mitad de la tabla en esta comparativa autonómica, según el estudio presentado ayer en la sede de la Federación Asturiana de Empresarios (FADE) por Aitor Pérez, socio director de Gerokon, la consultora que realizó el informe. Lo más inmediato a mejorar en el Principado es la cuantía en el número de prestaciones vinculadas al servicio de atención a personas dependientes y acabar con la lista de los solicitantes pendientes de valorar por la Consejería de Servicios y Derechos Sociales, según Arsenio Alonso.

"Lo que hace falta son recursos económicos. La aportación del Estado es escasísima, cuando la Ley (de Dependencia) establece que debe ser del 50 por ciento del coste. Esto hace que muchas personas estén en el limbo (como se denomina a aquellas a las que les ha sido reconocida la dependencia pero están a la espera de recibir prestación)". La cifra actual es de casi 6.000 dependientes, "una cifra que crece cada día", añadió.

Asturias tiene "una buena red asistencial, con plazas geriátricas por encima de la media nacional, pocos depedientes y muchos recursos son de titularidad pública, con gestión de recursos que a veces son poco eficaces", señaló el presidente de Ascege. En este sentido criticó que el último decreto aprobado por el Gobierno central con una partida de 300 millones de euros para abonar la Seguridad Social de quienes cuidan a sus familiares dependientes en casa "no soluciona el problema del limbo ni la dependencia. Con ese dinero se podría haber dado una prestación a 800 personas en el Principado, en vez de estar esperando en su casa a recibir algún recurso", remarcó.