El Gobierno de Adrián Barbón urge un consenso en Asturias para salir a negociar la nueva financiación autonómica, que supone entre el 60 y el 70 por ciento de los recursos que maneja cada año el Principado. La búsqueda de un acuerdo lo más amplio posible es la finalidad de la reunión que mantendrán hoy el presidente del Principado y la consejera de Hacienda, Ana Cárcaba, con los portavoces de los seis grupos parlamentarios de la oposición.
La exigencia de una negociación multilateral sin tratos de favor y la reivindicación de mayor peso para criterios que encarecen la prestación de los servicios públicos esenciales, como el envejecimiento, son algunas de las posiciones que, a priori, comparten todos los partidos con representación en Asturias. Pero Vox ya anunció ayer que "no convergerá con el resto de partidos" aunque sí asistirá a las reuniones a las que sea convocado para mantener "una actitud vigilante".
La diputada y exconsejera de Hacienda, Dolores Carcedo, destacaba ayer la importancia que el Grupo Socialista concede a la Mesa de financiación autonómica "como espacio de diálogo en un asunto crucial en el que Asturias se juega mucho". El grupo mayoritario en la Junta General "espera que el Gobierno cuente con el mayor respaldo posible a la hora de negociar el nuevo modelo de financiación autonómica". A juicio de Carcedo, esa negociación "debe realizarse en un marco multilateral y con un modelo que debe basarse en el coste de los servicios públicos, por lo que habrá que ponderar adecuadamente aquellas variables que influyen en ese coste".
La portavoz del principal grupo de la oposición, Teresa Mallada (PP), apuntaba entre los criterios a tener en cuenta en el nuevo modelo "la tasa de actividad, el envejecimiento, la dispersión territorial o la despoblación" sin olvidar, recalcó, "el esfuerzo fiscal que realizan los asturianos, la falta de infraestructuras que padecemos o posibles compensaciones por las políticas de descarbonización exprés que está ejecutando el Gobierno central y que perjudican especialmente a nuestra comunidad".
Laura Pérez Macho, de Ciudadanos, señalaba, en la víspera de esa reunión, como piedra angular de su postura "la defensa de los intereses de Asturias" y apuntó el posible "conflicto" que deberá afrontar Barbón "con el Gobierno de España" cuando llegue "la hora de la verdad de la negociación y Pedro Sánchez tenga que decidir sobre comunidades como Asturias, que necesitan la solidaridad del resto del territorio frente a sus socios de gobierno nacionalistas". Ciudadanos exigirá, recalcó, el respeto "al principio de solidaridad".
Lorena Gil, de Podemos, reclamará "una financiación justa, con criterios que no se han valorado hasta ahora. Asturias ha sufrido una huella en materia de contaminación, por ser exportadora de energía, muy importante. Y debe tenerse en cuenta una suerte de criterio de insularidad por las dificultades en las comunicaciones para entrar y salir en Asturias".
Izquierda Unida exigirá negociaciones multilaterales ante el peligro que entrañarían negociaciones bilaterales con algunas autonomías para el respeto a "los principios de igualdad" de toda la ciudadanía, indicó su portavoz, Ángela Vallina. No perder financiación y contar con los recursos suficientes para responder a las necesidades de Asturias son las prioridades de la coalición.
El portavoz de Foro, Adrián Pumares, fijó "la garantía de los principios constitucionales de igualdad y de solidaridad entre españoles y entre territorios" como base de la reforma del sistema", que debe salvaguardar "la prestación de estos servicios, independientemente que el coste sea mayor en unas comunidades que en otras". Sara Álvarez Rouco, de Vox, basó en su rechazo a las autonomías discutir "en el mismo plano que el resto de los partidos sobre la financiación". "No convergeremos con el resto, aseguró antes de anunciar una actitud "vigilante" ante un modelo "que arruina al país".
