El Principado prevé que las ventajas fiscales para habitantes del campo en proceso de vaciado lleguen este año a unos 2.500 pueblos de menos de cincuenta habitantes. El cálculo muy aproximado que la consejera de Hacienda, Ana Cárcaba, hizo ayer en la Junta acota las "zonas rurales en riesgo de despoblación" en las que el Gobierno concentrará la innovación tributaria más importante de las introducidas en el presupuesto autonómico para 2020. En esos núcleos, no municipios completos, tendrán efectos de forma retroactiva a partir del 1 de enero las deducciones en la cuota autonómica del IRPF comprometidas en tres vías: cien euros por nacimiento o adopción a partir del segundo hijo, mil por establecimiento como autónomo o trabajador por cuenta propia y cincuenta para compensar gastos en transporte público.
Al anuncio que el Principado hizo al presentar sus presupuestos para este ejercicio le falta la delimitación concreta de las áreas a las que beneficiará. A preguntas de Foro en la Comisión de Hacienda de la Junta, Cárcaba precisó que el Gobierno someterá en los próximos días a información pública, y abrirá por tanto a alegaciones, el decreto que detalla los criterios utilizados para definir esas zonas. El listado resulta, según la Consejera, de cruzar datos de población total, evolución demográfica, densidad de población, niveles de renta, distribución por sexos, envejecimiento, estructura económica o tipología del suelo y el análisis ha desembocado en la definición de unas "zonas rurales susceptibles de especial protección" que físicamente son pueblos que cumplen una de estas dos condiciones: tienen una población igual o inferior a diez habitantes o teniendo entre diez y cincuenta han perdido al menos el 20 por ciento de su censo de 2000 a 2019.
El Principado prevé un coste de 850.000 euros para las medidas y la Consejera anuncia el criterio de delimitación con "cautela", dado que "en el periodo de información pública puede haber modificaciones y podemos atender sugerencias o planteamientos distintos".
