Fueron tres familias las afectadas por las expropiaciones. Algunas de ellas han sumado años pleiteando. "Más por defender la memoria de mi madre y mi abuelo que por otra cosa", matiza Flor González, hija de María Muñiz, una de las tres personas expropiadas para la construcción del geriátrico de Felechosa. "Se habla mucho del terreno que cedió el Ayuntamiento al Montepío, pero poco de las personas que teníamos allí praos y que fuimos brutalmente pisoteados", afirma con rotundidad. En su caso, narra, "se nos invitó a que prescindiéramos de una propiedad ganada por mi güelu hace muchos años". En ese momento, denuncia que hubo "presiones de corte caciquil", pero "como no les regalábamos los terrenos como nos pedían, diciendo que aquel geriátrico era muy bueno para el pueblo; nos los expropiaron". Flor González asegura que "solo pedíamos que el Montepío nos pagase lo que valía aquel prao, que era un finca rústica y era una cantidad ridícula". Tampoco se olvida de que "ningún concejal de ningún partido nos ayudó, miraron para otro lado porque, decían, esto iba a relanzar el municipio". Sin embargo, ella tenía claro que la operación equivalía a "quitarnos las fincas a gente humilde para regalársela a otro (en referencia a Postigo)". El hecho que denuncian -la aprobación de la expropiación pese a la existencia de informes contrarios- es similar al motivo por el que están como investigados los 17 concejales de todos los partidos que formaban la corporación allerana: por aprobar en el Pleno la cesión del terreno al Montepío para el geriátrico pese a la existencia de informes jurídicos contrarios.
