Trece departamentos de cinco consejerías del Principado, once asociaciones y colectivos, un ayuntamiento, la Confederación Hidrográfica y el Servicio de Emergencias (SEPA). Son 27 los organismos y entidades a los que el Ejecutivo autonómico ha pedido opinión para elaborar el informe ambiental estratégico, al que ha tenido acceso LA NUEVA ESPAÑA, para mejorar una granja de cerdos en un monte de utilidad pública en Cabriles, en el concejo de Siero. Un proyecto que supone una inversión de unos 400.000 euros en la Asturias despoblada y que lleva cinco años y medio de lucha contra la burocracia. Los emprendedores esperan en la actualidad el permiso para colocar unas estabulaciones móviles y desmontables, que no requieren movimiento de tierras. Pero Patrimonio exige una prospección arqueológica, lo que ha generado desánimo en los inversores y un monumental enfado del alcalde, Ángel García, "Cepi".
Solo contestaron 7 de los 27 organismos y entidades consultados, más un particular. El servicio de Seguridad Alimentaria, Sanidad Ambiental y Consumo reclamó que las captaciones de agua necesarias para el abastecimiento de la población deben estar "debidamente señalizadas" y con las medidas de protección adecuadas para "evitar la contaminación y degradación de la calidad del agua".
El servicio de Estudios y Seguridad Vial reconoció que el proyecto no afecta directamente a carreteras autonómicas, mientras que la Confederación Hidrográfica del Cantábrico exigió un perímetro de protección y salvaguarda en torno a dos captaciones de agua situadas al norte del plan especial y aplaudió la protección del entorno de las que existen en el terreno que ocupa la explotación porcina.
La CUOTA realizó varias consideraciones de carácter urbanístico, mientras que el servicio de Espacios Protegidos y Conservación de la Naturaleza no consideró necesario realizar pronunciamiento alguno. La dirección General de Cultura y Patrimonio reclamó la redacción de un estudio de afecciones al patrimonio cultural, que debe incluir "los resultados de una prospección arqueológica superficial intensiva, suscrita por técnico competente". Y que para realizar esa prospección se debe presentar "un proyecto de actuación ante la Consejería de Cultura", suscrito también por un técnico competente. Tal y como desveló ayer este periódico, el motivo por el que Patrimonio exige la prospección arqueológica sorprendió a las autoridades locales: porque el concejo de Siero es "el gran desconocido" para los arqueólogos, que quieren "aprovechar cualquier oportunidad para hacer estudios".
Entre los grupos conservacionistas solo alegó la Coordinadora Ecoloxista d'Asturies, que aparte de diversas consideraciones sobre posibles impactos de la actividad ganadera en el agua, el aire y el medio forestal, realizó formulaciones que el responsable de Evaluación Ambiental juzga extemporáneas, al referirse al proyecto en sí, y no al actual plan especial y su estudio de implantación. Esa misma conclusión extrae de las alegaciones de un particular, que señala la existencia en la zona de especies protegidas, alerta sobre el impacto ambiental de la explotación y destaca la "inexistencia de interés público o social" del proyecto, centrada en la cría de ejemplares de la raza gochu asturcelta, por lo que solicita que sea rechazado.
La sección de Evaluación Ambiental del Principado desechó las alegaciones contrarias al plan especial y le dio el visto bueno.
La explotación porcina no afecta al medio ambiente, concluye el Ejecutivo
La granja porcina del monte de Cabriles (Siero) “no afecta a áreas de valor o vulnerables, ni presenta problemas significativos desde el punto de vista medioambiental”, según Evaluación Ambiental, que dio “luz verde” al proyecto el 24 de febrero, cinco años, cuatro meses y tres días después de que La Casería de Tierra Astur S. L. presentara la documentación en el Ayuntamiento. La empresa pretende instalar en Cabriles varias estabulaciones móviles y desmontables, cobertizos para el almacenaje de suministros y materiales, y silos para almacenaje de alimento para los gochos asturceltas que cría.
Las instalaciones ocuparían 555 metros cuadrados, aunque el proyecto se desarrolla sobre 50 hectáreas. Evaluación Ambiental no prevé afecciones ni a especies amenazadas, ni a aguas superficiales o subterráneas. Dado los animales viven en libertad, los estiércoles “se incorporan al suelo in situ”, por lo que no suponen problema. No se supera la carga ganadera máxima, las captaciones de agua están valladas y no hay alteración del paisaje, ni afecciones a bienes del patrimonio cultural, ni riesgos para la salud humana, ni para el medio ambiente, concluye Evaluación Ambiental.
