"Durante la pandemia hubo un trato de favor a las residencias públicas, y mis usuarios son tan españoles y asturianos como los de la red pública del ERA; se merecían el mismo trato, no lo tuvieron por parte del Sespa". Así lo denunció ayer José Emilio Fernández Núñez, propietario de la residencia de Viella, una de las más afectadas por el covid-19 junto con la de Grado, durante la sesión de la comisión parlamentaria de estudio de la gestión del coronavirus en Asturias, presidida por la diputada de Ciudadanos Laura Pérez Macho.

Fernández Núñez quiso rebatir a quienes apuntan a una mala imagen de las residencias privadas como empresas que solo buscan el lucro. "Hubiera preferido mandar a los abuelos a casa y perder dinero", dijo. También denunció las dificultades para encontrar personal, por la normativa de incompatibilidades del Sespa. "A la peluquera la tuve que contratar como auxiliar", aseguró. Otra de las sorpresas que dio el gerente del centro de Viella fue una factura en la que le pasaron 419 euros por una caja de 120 toallitas. "A 3,50 euros por unidad; en Amazon encontré las mismas por 16 euros", señaló.

En la otra cara de la moneda, Carlos Briansó, director del geriátrico público de Grado, que fue medicalizado al dar positivo todos sus residentes y 25 trabajadores, alabó la gestión del Sespa y aseguró que en todo momento recibieron apoyo, material e instrucciones precisas para afrontar la dura situación que vivió el centro. El relato humano de Briansó sobrecogió a los diputados, sobre todo cuando contó el drama de los enfermos y los fallecimientos que se fueron sucediendo.

Fernández Núñez se emocionó al recordar a José, el residente que fue diagnosticado el 11 de marzo, y que, al igual que otros tres usuarios, vivió una odisea con su traslado para acabar falleciendo. "Cuando se llevaron a nuestros abuelos estuvimos hasta 5 días sin saber si estaban vivos o muertos", señaló Fernández Núñez, que fue especialmente crítico con los servicios de coordinación que llegaron a su centro. "Mandaron a una inspectora que llegó dando órdenes sin conocer la situación; yo me negué a encerrar a los ancianos en sus habitaciones y le dije que si ella lo hacía yo tomaría la medida; acabó por no volver, aunque siguió cobrando por ello", señaló de forma irónica. En cambio, el inspector asignado a Grado ayudó y aportó soluciones, según la versión de Briansó. Las residencias de mayores concentran el 60% de las muertes por covid registradas en Asturias. La presidenta de la Asociación Asturiana de Residencias de la Tercera Edad, Teresa Álvarez, denunció el drama que vivieron en los centros, donde en los primeros días solo contaron con bolsas de basura para protegerse y acusaron la ausencia de test y los protocolos cambiantes. "Las residencias se sintieron abandonadas, y ahora también; se han anulado los controles periódicos a los residentes, así como los test en las altas hospitalarias y en los nuevos ingresos, medidas que deberían mantenerse", aseguró. Una vez más, el relato del director de la residencia de Grado ofreció otra versión: "Desde el Sespa tuvimos asesoramiento y material". Briansó lamentó medidas como las de confinar a los residentes en sus habitaciones y el cierre del centro a la vida del pueblo, en la que está totalmente volcado, hasta el punto de que la cafetería es de uso habitual en la villa, y se preguntó "hasta dónde va a llegar la venganza de esta enfermedad que nos ha obligado a aislar al inocente", se preguntó. También consideró imprescindible un nuevo modelo que conlleve una coordinación permanente con los servicios sanitarios: "Si el mes que viene llega otro virus no lo vamos a solucionar con mascarillas y alcohol".