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Crisis del coronavirus

La nueva ley sanitaria del Principado permitirá confinar a la población

Los juristas ven débil que una norma autonómica limite el derecho a la libre circulación y creen que se debería pedir la aplicación del estado de alarma

El Gobierno autonómico trabaja en la elaboración de una reforma de la ley sanitaria del Principado que prevé incluir confinamientos de personas en sus domicilios, así como la evacuación, "en situaciones de riesgo para la salud". El Ejecutivo tiene bastante adelantado este texto que, a juicio de juristas, plantea una laguna básica: la limitación de un derecho fundamental como la libre circulación de personas no puede ser regulada en una normativa ordinaria, "requiere de una ley orgánica", como la que determina los estados de alarma, excepción o sitio.

El vicepresidente del Principado, Juan Cofiño, reconoció ayer que "los servicios jurídicos del Principado están ahora elaborando el proyecto de ley para ver hasta dónde podemos llegar, qué puede aportarnos una nueva ley de salud como instrumento en la lucha contra la pandemia". La ley asturiana de salud fue precisamente la última aprobada en la anterior legislatura, en marzo de 2019, pero en aquel momento ni el Ejecutivo ni los grupos de la oposición, a través del trámite de enmiendas, repararon en la necesidad de incluir medidas excepcionales para hacer frente a una crisis sanitaria.

El borrador del anteproyecto para reformar la ley de salud asturiana incorpora la competencia de que el Consejo de Gobierno del Principado, a propuesta de la consejería de Salud, declare la situación de emergencia sanitaria. Dicha competencia permitirá la puesta en marcha de acciones y medidas "con repercusión transversal importante, a nivel sanitario, económico y social" para preservar la salud de la población. Entre estas medidas "excepcionales y urgentes" estarían "el confinamiento de personas en sus domicilios o en lugares seguros", así como "la evacuación, alejamiento y restricción de acceso de las personas respecto a los lugares de riesgo para la salud, propia o de los otros", según recoge el citado borrador, al que ha tenido acceso LA NUEVA ESPAÑA.

El anteproyecto especifica que la duración de estas medidas estaría limitada al tiempo necesario para afrontar la emergencia sanitaria y también establece que el Gobierno regional tendría que dar cuenta de la situación de emergencia sanitaria a la Junta General del Principado, aunque no requeriría de su aprobación mediante una votación de los diputados autonómicos en el Pleno del parlamento.

Especialistas en Derecho Administrativo cuestionan alguno de los contenidos de esta reforma que preparan los servicios jurídicos del Principado. El jurista ovetense Javier Junceda sostiene que "una ley autonómica ordinaria no puede afectar a derechos fundamentales, como el de la movilidad, y menos aún entrar en el confinamiento de personas a lugares seguros". En opinión de Junceda, el Principado para establecer restricciones de ese calado y alcance debería recurrir a la solicitud del estado de alarma al Gobierno central. El especialista en Derecho Administrativo apunta incluso que medidas adoptadas por la Xunta de Galicia como los confinamientos en las comarcas de la Mariña, Coruña o, más recientemente, en Orense carecen de soporte jurídico en la normativa vigente actualmente. Cabe recordar los reparos técnicos que ya plantearon diversos juristas a la aplicación del estado de alarma en lo relativo a los confinamientos domiciliarios, "una medida que es más propia del estado de excepción", apuntó Junceda. El confinamiento generalizado, que caracterizó los primeros meses del estado de alarma, también fue cuestionado, por ejemplo, por Miguel Ángel Presno, catedrático de Derecho Constitucional en la Universidad de Oviedo.

"Mientras en Francia se ha hecho una ley específica en materia covid para regular posibles lagunas jurídicas, aquí en España se ha perdido el tiempo, se enredaron en los sucesivos estados de alarma y se re ha renunciado a una legislación concreta", advirtió Javier Junceda.

El presidente del Principado, Adrián Barbón, había planteado el pasado mes de junio la necesidad de modificar la ley orgánica de Salud Pública para regular derechos fundamentales, como el de la movilidad, y tener así "más instrumentos" para hacer frente a pandemias y a posibles rebrotes en determinados territorios, como está ocurriendo ahora; una iniciativa defendida asimismo por el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo.

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