Pese a las constantes alusiones de IU a la ley Celaá, ayer en la Junta General del Principado, la consejera de Educación, Carmen Suárez, se mojó más bien poco. Dijo, en las que fueron sus primera palabras sobre el proyecto de reforma educativa aprobado el jueves en el Congreso, que “incentiva propuestas que están pendientes y que estemos en los estándares europeos en donde el bienestar es la referencia; reconoce los derechos de la infancia; recoge todos los principios de actuación que la OMS plantea; incide en que la igualdad es el factor más importante, es el que determina que la educación esté plenamente ajustada a lo que exige la sociedad; y promueve el desarrollo sostenible”.
Esa fue toda la reflexión que hizo sobre la norma Carmen Suárez, ciñéndose a la pregunta de la diputada de IU, Ángela Vallina, sobre “el derecho de los niños a recibir una educación en protección de la salud y en valores cívicos y democráticos”. Hoy será el turno del presidente Adrián Barbón después de semanas de silencio de su Gobierno en torno a una nueva ley que tiene dividida a la comunidad educativa y en pie de guerra a la concertada.
Ayer en la Junta, la titular de Educación también fue interrogada por la diputada de Podemos, Nuria Rodríguez, sobre el nuevo programa de gestión económica de los centros, GICE. Debido a su complejidad y a lo fallos que genera, muchos centros no han podido cerrar todavía las cuentas de 2019. En esta situación están actualmente más de 50, según los datos que dio la Consejera, quien reconoció que el sistema requiere conocimientos avanzados en economía que los profesores no tienen por qué saber. Su departamento, según señaló, ha remitido un cuestionario a los centros para conocer los problemas y ha organizado dos reuniones telemáticas. “Si hay que hacer tutorías, las haremos. Estamos en vías de solucionarlo. Creo que va a salir bien, pero requerirá esfuerzo”, afirmó Carmen Suárez. De diferente forma lo ve la diputada de Podemos, que aseguró que los docentes “se organizan en grupos de Whatsapp para resolver dudas” y alertó de que “hay cientos de proveedores que no van a poder cobrar”.
Ciudadanos llevó a la Junta un tema recurrente: la semipresencialidad a partir de 3º de la ESO. Al diputado Luis Carlos Fanjul le pareció insuficiente el anuncio de la Consejería de que todos los alumnos de 2º de Bachillerato pasarían a recibir formación presencial. “Las familias se preguntan por qué los alumnos de un mismo curso van presencialmente en un centro y semipresencialmente en otro. No entienden por qué no se posibilitan medidas para que todos los alumnos tengan los mismos derechos. Muchos se sienten abandonados. Si son el Gobierno de la presencialidad como alardea el Presidente, acaben con la semipresencialidad después de las Navidades”, expresó. La respuesta de la Consejera fue breve: “Lamento que tengamos que vivir esta situación. El esfuerzo de los centros está siendo ímprobo”. A lo que UGT respondió en nota de prensa: “Si la Consejería reconoce el esfuerzo ímprobo de la comunidad educativa, queda pendiente el que le corresponde al Principado”.
