En plena polémica por la ley Celaá, tanto ANPE como UGT, dos de los principales sindicatos docentes de Asturias, acusan a los políticos de “controlar la educación” y de utilizarla como “arma arrojadiza para atacar a otras posiciones”. “La Educación es un derecho consagrado en la Constitución, pero uno tras otro, los gobiernos de España la han utilizado como si de su exclusiva propiedad se tratara. La imposibilidad para llegar a acuerdos y tratar la Educación como una cuestión de Estado es el principal lastre de nuestro país”, expresa Gumersindo Rodríguez, presidente de ANPE. “Después de ocho leyes educativas en cuarenta años algo está claro: los políticos siempre intentan controlar la educación porque creen que así formarán ciudadanos adeptos de derechas, izquierdas o nacionalistas, pero se olvidan de que ninguna reforma educativa cambia nada sin contar con el profesorado”, comenta, en la misma línea, Cristóbal Puente, secretario general de Enseñanza de UGT.
Ambos sindicatos, no obstante, tienen opiniones contrapuestas respecto al contenido de la reforma educativa de PSOE y Unidas Podemos. ANPE considera que “se trata de una ley en trámite parlamentario que no ha sido debatida, dialogada ni pactada con los agentes educativos, gestada directamente en los despachos de quien gobierna, al margen del interés general y de la necesidad de dotar de estabilidad al sistema educativo, fruto de las pretensiones ideológicas del gobierno de turno, como ha ocurrido con las siete leyes anteriores”. Mientras que UGT sostiene que la norma es “un primer paso para una reforma más profunda” y que “su mejor aportación es que elimina los aspectos más lesivos de la LOMCE”. Sobre la ley Wert, Cristóbal Puente insiste que esa “sí que fue una ley sin consenso”. “Fue el máximo exponente de los delirios autoritarios de un partido político que por entonces tenía mayoría absoluta”, remata.
Estas son las opiniones completas de ANPE (aquí la puedes leer) y UGT (en este enlace), escritas para LA NUEVA ESPAÑA por sus máximos representantes.
