Los túneles de la autopista del Huerna (AP-66, Leon-Campomanes) siguen incumpliendo la normativa europea en materia de seguridad, aprobada en 2004. Debieron adaptarse a ella, a más tardar, en 2014, pero aunque hubo un proyecto sobre la mesa en 2006, la anterior crisis económica desbarató su ejecución. O esa fue la explicación oficial. Una posterior prórroga hasta mayo de 2019 tampoco fue respetada. Y ahora, espoleado por la apertura de un expediente de infracción, el Gobierno de España apura múltiples proyectos por todo el país. El referido a los del Huerna dio ayer un paso más, al resolver la Dirección General de Calidad Ambiental que el proyecto no requerirá evaluación ambiental ordinaria, ya que no se prevén efectos adversos significativos para el medio ambiente, siempre que se cumplan sus prescripciones. La tramitación, por lo tanto, será más sencilla y más rápida.
El último cálculo realizado para adaptar los túneles del Huerna a las exigencias de seguridad de Bruselas, hace tres años, estimaba el coste de las obras en casi 50 millones de euros. La directiva comunitaria establece que en los túneles de Entrerregueras, Pando, Vegaviesga, El Negrón, Oblanca, Cosera y Barrios deben habilitarse galerías de emergencia, drenaje y conexión entre los dos tubos, balsas de vertido soterradas, cunetas para recoger las aguas, pozos de bombeo, casetas para cuartos técnicos y centrales contra incendios y el soterramiento del tendido eléctrico.
Las mayores preocupaciones de las autoridades ambientales son las aguas residuales y la afección a manantiales. De ahí que señalen una serie de medidas preventivas y correctoras relacionadas con el análisis, la depuración, el drenaje y la evacuación de los líquidos.
¿Quién paga la obra?
La principal duda reside en quién debe asumir el coste de las obras. Varias concesionarias, incluida la de la AP-66, Aucalsa, ya manifestaron hace varios años que ese tipo de inversiones no están contempladas en los contratos de concesión, por lo que exigen compensaciones, que podrían llegar por tres vías: una inyección de dinero público, la ampliación del período de concesión (la del Huerna concluye en 2050) o un aumento de las tarifas.
Sobre quién pagará la obra, fuentes de la concesionaria señalaron ayer que lo que toca ahora es que la ingeniería redactora del proyecto incorpore al mismo las medidas que contempla la declaración ambiental. A continuación el proyecto debe ser remitido de nuevo al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, que es al que compete “ pronunciarse al respecto de nuevo”, añadieron las mismas fuentes.
