Asturias necesita una nueva ley de la Función Pública. Y resulta “conveniente”, “adecuado” y hasta “inevitable” el pago de retribuciones por objetivos para conseguir una administración eficaz e incentivar a los empleados públicos, como pretende el Gobierno del Principado. Así lo afirman expertos en el sector público y en Derecho Administrativo, que respaldan sin ambages la intención del Ejecutivo de que la futura norma incluya pluses por productividad. Pero también lanzan claros mensajes: “No al café para todos”, “no a las arbitrariedades” y “sí a la transparencia y a premiar el interés, la iniciativa o el esfuerzo con que el funcionario desempeña su trabajo y los resultados obtenidos”. Admiten que no será fácil, teniendo en cuenta la presión que previsiblemente ejercerán los sindicatos para que los pagos, que deberían ser un plus para quienes mejor cumplan sus funciones, acaben beneficiando a todos los empleados, como ocurre en la actualidad, por ejemplo, con la carrera profesional. Y otro riesgo, el de que se planteen incontables pleitos: “Este es un país de litigios y es práctica generalizada que cualquier modelo de productividad desemboque en los tribunales”, apuntó uno de los consultados.
“Hay que modernizar la Administración, no podemos seguir igual que hace cien años”
Concepción Campos, presidenta de la Asociación de Mujeres en el Sector Público, apuesta por “repensar el modelo” de la función pública”; por ejemplo, premiando la consecución de objetivos, como ocurre en la mayoría de los países avanzados. Pero eso exige “planificar y marcar objetivos que sean medibles y no arbitrarios”. Y en estos aspectos la experiencia dicta que España, “con carácter general, es muy deficitaria”.
Campos, doctora en Derecho, directiva pública profesional y secretaria de Administración Local, resaltó que la normativa de 2007 ya contempla la “evaluación del desempeño” de los empleados públicos, pero, sobre todo por la presión sindical, ha acabado convirtiéndose en “café para todos, y eso no sirve”. También la carrera profesional se ha convertido en una simple valoración de los años trabajados, en vez de incentivar a quienes mejor trabajan. Aboga por que los organismos evaluadores o sean externos o tengan una composición “no endogámica”. Y es partidaria de que los empleados públicos reciban una retribución fija por grupos de función, más variables, ligadas a productividad y a objetivos.
Admite que la “revisión a fondo” que necesita la función pública no será fácil, porque hará falta un nuevo sistema, “íntegro y transparente, rodeado de garantías”. El actual, tanto en materia de organización como de retribuciones, es “muy arcaico, propio del siglo XX, y según algunos hasta del XIX”.
“El igualitarismo que se ha montado en la función pública es muy difícil de desmontar”
El abogado y profesor de Derecho Administrativo Javier Junceda también es partidario de que en la Administración se cobre por objetivos. Pero es escéptico sobre que se logre: porque la obligación de pactar con los sindicatos, el control de los agentes sociales, provocará previsiblemente que la “voluntad bienintencionada” de los políticos quede diluida en “pan para todos”. Y augura además “acciones judiciales a tutiplén”. Cree que quizá funcionaría mejor, en vez del incentivo, “el castigo” por no cumplir los objetivos marcados. Porque “el acicate por el trabajo es muy interesante, pero choca con el sistema español, en el que el igualitarismo que se ha montado en la sociedad, y más aún en la función pública, es muy difícil de desmontar”.
En otros países el sistema está “totalmente privatizado”, y los contratos de la Administración son idénticos a los del régimen laboral común, “como en cualquier empresa”. También la Unión Europea insta a los estados a “no acumular tanto empleo directo”. Con más motivo en España, donde “no podemos con ese peso. Si ni siquiera los países más ricos del mundo pueden...”, concluyó Junceda.
“La evaluación del desempeño ha acabado en café para todos, y eso no sirve”
El funcionario y economista Antonio Arias considera “inevitable” el pago por objetivos, lo mismo que la búsqueda de “nuevas formas de reclutamiento de personal”, aspectos que no pueden seguir “igual que hace cien años”. Hay que “modernizar” la Administración y, pese a que admite que habrá muchos escollos, confía en la veteranía del vicepresidente del Principado, Juan Cofiño, para conseguir el objetivo: “Sería el mejor legado que podría dejar para el futuro”. Es por tanto optimista, aunque admite que “o lo hace Cofiño, nadie lo podrá hacer”.
Arias, exsíndico de Cuentas del Principado, admite que el reto es “enorme”, pero “el mundo ha cambiado y no volverá a ser lo que fue”, así que se hace necesario afrontar la nueva situación, con menos ingresos y más impuestos. “Y el funcionariado también tendrá que apechugar y pasar por el aro”, añadió. En cuanto a quién debe marcar los objetivos por los que cobrarán pluses quienes los cumplan, Arias lo tiene claro: la Administración es jerárquica, y por lo tanto han de marcarlo “los superiores en cascada”.
