Mantienen en prisión a tres presuntos asesinos de Ardines para evitar cualquier "tentación" de fuga

La sección segunda de la Audiencia acaba de comunicar, a través de tres autos, que mantiene en prisión a los tres presuntos asesinos del concejal de Llanes Javier Ardines que cumplen este mes dos años en prisión preventiva desde su detención, en febrero de 2019. El tribunal entiende, siguiendo la tesis del fiscal y de la acusación particular, que deben permanecer la cárcel para evitar la "tentación" de escapar cuando queda tan poco tiempo para el juicio, tres o cuatro meses, según los letrados de la causa. Los tres acusados, el presunto sicario Djilali Benatia, el supuesto instigador del crimen, Pedro Luis Nieva, y el hombre que les habría conectado, Jesús Muguruza, habían asegurado este lunes ante los magistrados de la sección segunda que no escaparían si quedaban en libertad, dado el arraigo de los tres en Vizcaya, y en el caso de Muguruza, el precario estado de salud de su hijo y la madre de éste. Aparte del riesgo de fuga, el tribunal entiende que no hay otros medios para garantizar la presencia de los acusados en el juicio, y apunta a la gravedad de los hechos que se enjuician y a las altas penas a las que se arriesgan los acusados.

Para el tribunal,  "la excepcional medida (la prisión preventiva) ha de considerarse imprescindible para lograr la finalidad perseguida, idónea a fin de garantizar la presencia del acusado en un eventual plenario, y subsidiaria, por la patente insuficiencia de otras cauciones menos gravosas como las presentaciones periódicas cuando, como aquí sucede, la extrema gravedad de los hechos expresada en la duración de la pena, tanto la genérica prevista en la Ley como la peticionada por las acusaciones, conjugada con los demás datos concurrentes, como el arraigo familiar y el sedicente compromiso de no sustraerse a los llamamientos, que no eclipsan lo que la Fiscalía denomina 'tentación' de eludir la efectiva disponibilidad hacia el órgano competente, debiendo primar aquí, a la postre, la necesidad de conjurar el riesgo de fuga, por lo que procede acordar la prórroga de la situación personal". En los autos se prorrogan la prisión provisional por dos años como máximo.