La Fiscalía abre una investigación sobre la vacunación a políticos, directivos y sindicalistas
La denuncia fue presentada por la CSI, que sostiene que en Asturias no se cumplieron los criterios del Ministerio de Sanidad

Rosa María Alonso, directora del centro de día ACD de Avilés, informa a María Juventina Fernández antes de proceder a administrarle la dosis de la vacuna. | Ricardo Solís / R. GARCÍA S. F. LOMBARDÍA J. A. ARDURAI. G.
La Fiscalía del Principado investigará la estrategia de vacunación de la Consejería de Salud para determinar si hubo irregularidades en el hecho de que recibieran la vacuna directivos, políticos y liberados sindicales antes que personal de primera linea o colectivos de riesgo. El Ministerio Fiscal ha incoado diligencias de investigación a raíz de una denuncia presentada por la Corriente Sindical de Izquierdas (CSI), que considera que el proceso de vacunación no se corresponde con el protocolo del Ministerio de Sanidad y pide “una investigación ejemplificativa y que anime a desistir de conductas poco ejemplares”.
El sindicato ha acompañado su denuncia del documento técnico de la estrategia de vacunación del Ministerio de Sanidad así como de las manifestaciones de responsables de la consejería de Salud en las que se reconocía que se había vacunado a equipos directivos y liberados sindicales. La Corriente también incorporó información sobre varias vacunaciones el Montepío de la Minería, la residencia Camilo Beceña de Cangas de Onís y en centros sanitarios, como publicó LA NUEVA ESPAÑA, en los que recibieron dosis, respectivamente, directivos y concejalas del PSOE y del PP, al tiempo que confirmó que en esas fechas aún no se había puesto la vacuna a personal sanitario de primera línea. “Se ha tomado conocimiento de que patronos de residencias, directivos, párrocos y diferentes personas han sido vacunadas sin guardar el escrupuloso orden y prioridad establecido por el Ministerio de Sanidad, y todo ello en detrimento de otros profesionales expuestos a gran nivel de riesgo de contaminación por Covid”, recoge la denuncia de la Corriente.
La Fiscalía abrió diligencias porque “según la denuncia, a la que acompaña documentación”, no se están cumpliendo los criterios del Ministerio, “vacunándose a personal perteneciente al grupo poblacional 3 (otro personal sanitario y sociosanitario), a pesar de que en dicho documento se dice tajantemente que no se puede vacunar al grupo 3 hasta que estén vacunados completamente los grupos 1 (residentes y personal sanitario y sociosanitario que trabaja en residencias de mayores y de atención a grandes dependientes) y el 2 (personal de primera línea en el ámbito sanitario y sociosanitario).
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