“El objetivo de este Gobierno es conciliar una cierta conservación del lobo con el ejercicio de la actividad económica en el territorio”, señaló ayer el vicepresidente del Principado, Juan Cofiño. Aseguró que el consejero de Medio Rural, Alejandro Calvo, se está empleando “a fondo en este asunto” y que compatibilizar la presencia del lobo con la ganadería extensiva es “fundamental ante el despoblamiento”. Resaltó que el Ejecutivo defiende la continuidad de su plan de gestión del lobo, y que si el propio secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, lo puso de ejemplo hace unos días, “tiene que tener el suficiente sostén jurídico para no poner en solfa su proyección de futuro”.
Las Comisiones de Desarrollo Rural y Medio Ambiente de la Federación Asturiana de Concejos (FACC), por su lado, aprobaron ayer una declaración instando al Ministerio de Transición Ecológica a reformular la inclusión del lobo en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (Lespre) para toda España, y no solo al sur el río Duero como hasta ahora. Entregaron ayer mismo el documento a Alejandro Calvo y lo remitirán a todos los ayuntamientos para su debate plenario.
La FACC apoya al Principado para que adopte cuantas medidas políticas, administrativas y jurídicas sean necesarias para evitar la homogeneización del estatus del lobo en toda España. Según la FACC, la inclusión del lobo en el Lespre acarreará “graves consecuencias políticas, sociales y económicas” para Asturias. Considera que la propuesta de Transición Ecológica “agrede” a la región y es un “ataque directo” contra los ganaderos y el medio rural asturiano, que acentuará aún más “los problemas de la Asturias vaciada”. La FACC aboga por defender el actual plan de gestión del lobo de Asturias “en todos los ámbitos”.
Asaja, mientras tanto, anima “a todos los ganaderos y agricultores, vecinos del medio rural y cualquier otro ciudadano que se solidarice con el sector” a participar en la consulta pública sobre la protección al lobo abierta por Transición Ecológica hasta el día 26. Sostiene el cambio de estatus del depredador supondría la “sobreprotección” del lobo y “un golpe brutal para los ganaderos de extensivo”. La organización agraria juzga “improcedente” proteger al lobo en toda España, ya que su estado de conservación es “favorable”, y causaría “perjuicios medioambientales, económicos y sociales”, “conflicto social”, “despoblación en amplias zonas rurales” e “incalculables daños” a la cabaña ganadera extensiva, que considera “la más beneficiosa para el medio ambiente”.
El debate en torno al lobo también es intenso fuera de Asturias. El presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo (PP), indicó que su objetivo no es acabar con el depredador, “pero el lobo tampoco puede acabar con las expectativas, los bienes y la materia laboral que tienen los ganaderos”. Su objetivo es “buscar puntos de encuentro” con la ministra Teresa Ribera, alcanzar “el consenso” y lograr “un equilibrio” que no perjudique “los intereses de los ganaderos”.
Por otro lado, cuarenta y seis grupos ecologistas españoles, varios de ellos asturianos, lanzaron ayer un mensaje en favor de la inclusión del lobo en el Lespre, que consideran “una oportunidad para la conservación de la especie en España y para la superación de conflictos”. Resaltan el “consenso de la comunidad científica sobre la necesidad de buscar un nuevo marco de relación con la especie”, ya que “la gestión desarrollada hasta ahora no ha solucionado los conflictos que genera la presencia del lobo, ni garantiza su conservación”.
“La resolución de los conflictos no puede basarse en la muerte de lobos”, defienden. La muerte o captura de ejemplares solo se debe permitir mediante “procedimientos administrativos, de manera pública, motivada y bajo especificaciones y circunstancias concretas”, señalan los ecologistas, que rechazan la gestión cinegética de la especie y los sistema de cupos que supongan “la muerte indiscriminada de ejemplares”.
Representantes del pastoreo y de la ganadería extensiva, finalmente, entregaron ayer al Ministerio un manifiesto para que se les deje participar en las negociaciones sobre el futuro del lobo. El escrito, avalado por más de 300 firmas, asociaciones y entidades, cuestiona la legalidad con la que se aprobó la protección especial del lobo en toda España, una decisión que pone en peligro “el futuro de muchas personas que apuestan por este modo de vida”. Resaltan que no persiguen el exterminio del lobo, sino “mantener pueblos vivos, montañas habitadas, comunales en uso y un rico patrimonio de culturas de manejo, nombres y fiestas, de soberanía alimentaria”.
