La estructura demográfica del sombrío presente asturiano dibuja una realidad desoladora, pero esta región sabe por experiencia que todo puede empeorar. Y a veces muy rápido. En 2015, no hace tanto, Asturias todavía era la séptima autonomía española más lastrada por el peso de la población en edad inactiva –los niños y los jubilados–. Mirado desde ahora, aquello no estaba tan mal. La tasa de dependencia contaba 56 niños o mayores de 64 años por cada cien asturianos en disposición de trabajar –estadísticamente se consideran como tales los de quince a 64 años– y es cierto que el dato ya se había hinchado mucho, que ya preocupaba y crecía, pero cinco años después son sesenta, el Principado ha pasado de ser la séptima a la tercera autonomía más presionada por el envejecimiento tras Galicia y Castilla y León y, lo dicho, que todo puede ser peor. Las perspectivas matemáticas dicen que de aquí a quince años la asturiana tiende a convertirse en la población española donde menos pesa el sector productivo y útil de su censo y más la porción que económicamente debe ser sostenida por él.
Las proyecciones demográficas del Instituto Nacional de Estadística (INE), hechas simulando que las tendencias actuales se prolongan sin variación, ensombrecen las perspectivas de sostenibilidad económica de la Asturias de 2035 hasta el extremo de elevar a 78 los niños o mayores que en teoría deben ser mantenidos por cada cien potenciales trabajadores activos. Por cada diez, casi ocho. De acuerdo con esta hipótesis, la séptima región más castigada en 2015 pasaría en veinte años a ser la segunda: ya sólo los ochenta de Castilla y León estarían por encima. Y la deriva del Principado, su tendencia al decaimiento es mucho más preocupante: basta comprobar que en 2015 Castilla y León ya era la primera en esta clasificación en la que Asturias viene empeorando.
El cumplimiento del negro oráculo estadístico equivaldría a elevar la carga de la población dependiente en los primeros 35 años del siglo en un nada desdeñable sesenta por ciento: la tasa era aún inferior a 50 en 2000 y Asturias, la octava región más lastrada por su población improductiva. Todavía estaba muy cerca de la media nacional, que también va en ascenso, pero de la que se aleja cada vez más el valor asturiano (54 en el dato de 2020, 63 en el proyectado a 2035). Y eso que la fórmula que se emplea para calcular la tasa de dependencia considera genéricamente productivos a los residentes entre quince y 64 años, sin más, e inactivos a los demás, obviando que una parte muy abundante de esa porción del censo en teórica edad productiva no está efectivamente incorporada al mercado de trabajo.
Sea como fuere, el dato deja en el aire una sonora advertencia respecto a la sostenibilidad a largo plazo de una población donde, si no se contiene la deriva declinante, cada vez menos personas estarán en condiciones de trabajar para mantener a más habitantes. El estado de la cuestión presente y su proyección hacia el futuro se agrava en el vistazo pormenorizado a la composición de la dependencia asturiana, obviamente mucho más intensa respecto a los mayores de 65 años, ya amortizados, que a los niños, la esperanza de un futuro componentes de la fuerza de trabajo. Asturias es persistentemente la región española con un mayor desequilibrio entre la porción de censo en edad laboralmente activa y la de los teóricamente jubilados: contando solo a éstos, tiene casi 42 habitantes de más de 65 años por cada cien en la edad potencialmente eficiente, una cifra que la hipótesis matemática del INE también oscurece pronosticando un sostenido ascenso hasta los 63 en 2035, más en este parámetro que Castilla y León.
Es el efecto del vaciado progresivo de las generaciones más jóvenes, de cuyas consecuencias alerta con toda crudeza el diagnóstico estratégico sobre las perspectivas de la economía asturiana recién publicado por Caixabank Research. De aquí a 2033, resalta la investigación, los cálculos indican que Asturias se arriesga a tener 7.000 niños menos que ahora –y ya son muy pocos– y hasta 92.000 habitantes de 35 a 49 años a cambio de engrosar en cerca de 60.000 la nómina de los mayores de 65.