El magistrado Antonio García Martínez (Oviedo, 1961) fue elegido ayer por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para ocupar la plaza dejada vacante en la Sala Primera (Civil) del Tribunal Supremo por la jubilación de Eduardo Baena Ruiz. García obtuvo el voto de trece vocales, de los 21 posibles del Pleno. La también aspirante al puesto Mónica García de Yzaguirre obtuvo un solo voto. Siete vocales votaron en blanco, para escenificar su rechazo a que el actual Consejo –que como se sabe debería haber sido renovado hace más de dos años– continúe realizando nombramientos. García ya se postuló en 2011 para la Sala Civil del Supremo, sin éxito. Comprometido con la independencia judicial y muy crítico con el nacionalismo vasco, tuvo algunos roces con el Gobierno de Ibarretxe. Fue portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), en la época en que fue presidida por el actual presidente del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA), Jesús María Chamorro, al que apadrinó cuando juró el cargo, junto al hermano del magistrado, Miguel Ángel Chamorro, titular del Juzgado número 50 de Barcelona.

Vasco de “pación”, aunque asturiano “de nacimiento y corazón”, como él mismo dijo en una entrevista concedida a LA NUEVA ESPAÑA en 2009, le trajeron al mundo en la estación del Vasco, y pasó sus primeros años en Oviedo, donde cursó estudios con los dominicos (“recibí clases del famoso padre Claudio”, rememoraba), para marcharse luego a Guecho con 14 años, por motivos profesionales de su padre.

Regresó a Oviedo para hacer Derecho y su primer Juzgado fue en Mieres, en 1990. Quería curtirse “en uno de los destinos más duros de España”, señala. “Estaba ascendiendo demasiado rápido”, añade, y necesitaba un poco de realidad. Allí, en Mieres, la encontró con Hermosinda, una mujer que desapareció, y con la muerte de unos mineros en el Polio. Después cubrió todos los escalones en el País Vasco –primero en Guecho, luego en Bilbao, y de 1999 a 2003 en la Audiencia Provincial de Vizcaya–, hasta llegar a la Sala de lo Civil-Penal del Tribunal Superior del País Vasco, donde tuvo que lidiar con asuntos peliagudos, como el enjuiciamiento del exlendakari Juan José Ibarreche, el proetarra Arnaldo Otegi y el expresidente del Parlamento vasco Juan María Atucha.

Casado y con dos hijos, vivió durante años escoltado permanentemente. Sin embargo, los enfrentamientos más desabridos los vivió en Madrid, como portavoz de la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura, siendo uno de los rostros del tenso pulso entre jueces y Gobierno, que llevó a dos huelgas en 2009, una con el ministro Fernández Bermejo y otra con su sucesor, Francisco Caamaño.

Ha sido profesor en la Universidad del País Vasco y de la de Deusto, y es autor de títulos como “Los jueces y el derecho de huelga” (2012) o “El derecho a la libre expresión de los Jueces y el principio de imparcialidad judicial” (2015). Está en posesión de la Cruz Distinguida de Primera Clase de la Orden de San Raimundo de Peñafort y la Cruz al Mérito Policial con Distintivo Blanco.