Una caravana con interinos de distintos sectores de las administraciones dejó oír ayer sus pitidos en las calles del centro de Oviedo mientras los globos de color amarillo y negro daban visibilidad a una protesta que se desarrolló de forma simultánea en Madrid. Reivindican estabilidad en su puesto de trabajo, en el que en muchos casos llevan 10, 20 y más de 30 años, ante la amenaza que supone para sus empleos las ofertas públicas en marcha, que hay en Asturias y en otras comunidades autónomas. “Solo pedimos que se cumpla la ley, que las administraciones llevan incumpliendo desde hace más de años”, plantean los interinos del Principado.
La plataforma de interinos de la administración espera poder reunirse próximamente con el ministro Miquel Iceta, que ya ha tratado su situación con los sindicatos mayoritarios en la función pública y ahora tiene previsto hacerlo con los grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados.
“Los sindicatos tradicionales no nos representan, ya que defienden sus propios intereses. Para que se aplique la ley no es necesario que medien los sindicatos mayoritarios”, valoró al término de la acción de protesta Antonio Navarro, presidente del SINTTA, una de las organizaciones representativas de los interinos de Asturias, integrada en la plataforma estatal que convocó las concentraciones de ayer en todo el país. “Recientemente fuimos recibidos por primera vez por la consejera de Educación y por el director general de Función Pública. Nos dieron la razón pero nos dijeron que no pueden hacer nada hasta que no haya una solución de ámbito nacional”, reveló Navarro. Varias decenas de automóviles se dieron cita antes del mediodía en las inmediaciones del edificio sede de la administración autonómica, el EASMU, en la calle Trece Rosas de Oviedo. Posteriormente iniciaron un recorrido por las calles de centro, alrededor del Campo San Francisco, para terminar su acto de protesta otra vez en Llamaquique tras pasar por las inmediaciones de la plaza de la Gesta.
Varios de los asistentes comentaban la contradicción que, a su juicio, supone la conversión en personal público fijo de la plantilla de un colegio concertado de Barcelona, el primero que se integra en la red pública: “Y al personal, que fue contratado a dedo, se le hace fijo hasta su jubilación, sin haber pasado ningún proceso de igualdad, mérito y capacidad”, cuestionaron.
