La decisión de Pedro Sánchez de poner fin al estado de alarma el próximo 9 de mayo tendrá consecuencias inmediatas en Asturias. El presidente Adrián Barbón se quedará dentro de un mes sin el paraguas jurídico que da cobertura a las restricciones en materia de movilidad, como los cierres perimetrales para los concejos y para la comunidad autónoma o el toque de queda. La fecha de caducidad del estado de alarma supondrá también un golpe en la línea de flotación de las medidas planificadas por el Principado para cortar la expansión del coronavirus en Asturias, ya que se quedará sin una de las armas del sistema “4 Plus”, el confinamiento de los municipios que presentan los niveles de riesgo extremo. El actual estado de alarma se activó el pasado 25 de octubre en respuesta a la segunda ola de la pandemia, la que castigó más fuerte a Asturias.
El presidente Pedro Sánchez confirmó ayer que no tiene intención de pedir una nueva prórroga del estado de alarma, con lo cual todas las limitaciones de la movilidad de la ciudadanía y el toque de queda finalizarán a las 00.00 horas del segundo domingo de mayo, dentro de un mes. “Queremos que el 9 de mayo sea el punto final al estado de alarma. Es nuestro objetivo y para eso trabajamos”, anunció el presidente del Gobierno para, a continuación, añadir que desde ese momento se recuperará el sistema de “cogobernanza” en el Consejo Interterritorial, integrado por el Ministerio de Sanidad y todas las comunidades autónomas, para dar respuesta a los rebrotes que se puedan producir en el país. Sánchez se mostró confiado en que “la realidad epidemiológica y el proceso de vacunación, que se va a acelerar mucho, nos den las suficientes herramientas para seguir respondiendo a esta pandemia”.
Este anuncio del presidente socialista, que cogió por sorpresa al Gobierno autonómico del mismo partido, planteará un quebradero de cabeza a los responsables de la consejería de Salud, que ahora tendrán que buscar nuevas formas de respuesta a situaciones de riesgo extremo como en las que se encuentran ahora Langreo y Siero. Hasta ahora Barbón podía decidir de manera unilateral los cierres perimetrales de los concejos y también cerrar las fronteras autonómicas como autoridad delegada competente gracias al estado de alarma, vigente desde el 25 de octubre del año pasado. Sin el estado de alarma activado, “la única manera de limitar un derecho fundamental como la libre circulación de personas o la movilidad sería mediante una ley orgánica específica”, explicó a LA NUEVA ESPAÑA el jurista Javier Junceda, especializado en Derecho Administrativo, que ya advirtió meses atrás de las consecuencias que podía acarrear ese vacío en el corpus legislativo estatal para dar respuesta ante crisis sanitaria como la actual. “En el último año, los políticos, inexplicablemente, no aprovecharon para aprobar un ley orgánica que regule esta situación en España y la cogobernanza no puede entrar a operar sobre un derecho fundamental como la movilidad. Sería una chapuza”, apuntó Junceda. Los gobiernos autonómicos sí mantendrán la posibilidad de limitar actividades como, por ejemplo, la hostelería, el turismo o el comercio.
Calendario de vacunación
El fin del estado de alarma abre, por tanto, un nuevo escenario para los responsables de la consejería Salud, en el que la aceleración del proceso de vacunación se presume clave. De hecho, Pedro Sánchez acompañó ayer la intención de poner fin al estado de alarma del calendario que maneja el Gobierno central sobre la vacunación y que tiene como objetivo que a finales de agosto ya estén inmunizados 33 millones de españoles, más del 70 por ciento de la población. La hoja de ruta del Ejecutivo pasa por que a partir de la próxima semana ya estén vacunados más de 3,3 millones de ciudadanos con las dos dosis; para el 3 de mayo la cifra de inmunizados sería de 5 millones, el doble en la primera semana de junio, 15 millones a mediados de junio y 25 millones de personas en la semana del 19 de julio.