El Gobierno regional aprobará un nuevo decreto del Salario Social Básico que incluye nuevos perfiles para ayudar a quienes han perdido su empleo o tienen graves dificultades económicas como consecuencia de la pandemia por covid-19, así como a quienes no engloba la ayuda estatal del ingreso mínimo vital. Por ejemplo, se contempla como posibles beneficiarios a quienes viven en una habitación alquilada, y no solo en una vivienda de renta, y también a quienes tienen una hipoteca. Asimismo, se modifica la necesidad de comunicar el cambio de situación al firmar contratos precarios con independencia de su temporalidad.
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“Con este nuevo decreto queremos dar respuesta a través del Salario Social Básico a nuevos perfiles que, como consecuencia de la pandemia, puedan necesitar apoyo económico ante una situación complicada. Hay ya quienes nunca pensaron que atravesarían las puertas de servicios sociales municipales, personas que pueden verse en una situación de vulnerabilidad sobrevenida y que requerirán del apoyo del sistema al que han contribuido hasta el momento”, indicó la consejera de Derechos Sociales y Bienestar, Melania Álvarez. Las principales modificaciones en el reglamento para optar al salario social del Principado son las siguientes.
Se reformula el concepto de “residencia colectiva”
El fin es permitir el reconocimiento de la prestación a personas que comparten alojamiento, por ejemplo, en viviendas alquiladas por habitaciones. Se trata, de paso, de evitar posibles fraudes. El solicitante deberá aportar el contrato de alquiler de la habitación, o de alquiler con autorización expresa de subarriendo. También una declaración responsable de que no existe vínculo familiar entre ellos. Y un informe social que determine la existencia de la extrema necesidad. Se incluyen casos como la necesidad de un alojamiento de estas características como solución de emergencia en caso de separación o divorcio, por ejemplo.
Exenciones
Se equipara la exención actual para las ayudas finalistas destinadas al alquiler de vivienda a aquellos supuestos de personas que tengan un préstamo hipotecario sobre su domicilio habitual, y se aplican las mismas condiciones. Además, se establece la exención del cómputo de la vivienda habitual cuando sea objetivo de una ejecución hipotecaría, al ser irrealizable. Por ejemplo, una madre de 30 años con un hijo menor y que trabaja a media jornada con un salario de 450 euros y una hipoteca de 250 euros al mes. Para hacer el cálculo de la ayuda se computarían los 450 euros menos el 50 por ciento de los 250 que paga de letra. Es decir, 450-125, con lo que le quedarían 350 euros. Como el límite establecido para esta unidad de convivencia es de 574,24 euros al mes, le corresponderían 249,24 euros de salario social. Así, los ingresos mensuales serían los 450 euros de salario más los 249,24 de la prestación autonómica, lo que suma 699,24 euros. Con el modelo anterior, sin tener en cuenta la deducción, la aportación habría quedado en 124,24 euros.
Declaración responsable
Se implantan la declaración responsable para agilizar la concesión de ayudas y revisión de los expedientes, ya que el Principado podrá resolver con base a lo declarado por el solicitante, a resulta de las comprobaciones posteriores que se realizan.
Compatibilidad
Se tendrá en cuenta el importe anual exento de cómputo de rendimientos de trabajo por cuenta ajena. Se trata de que los perceptores no rechacen contratos de trabajo de baja remuneración o por periodos breves de tiempo, haciéndolos compatibles con el salario social con la condición de que los ingresos por ese trabajo no superen el triple de la cuantía garantizada en función del número de miembros de la unidad de convivencia en un año natural. Por ejemplo, una madre con un hijo menor cuyo único ingreso es el salario social, que serían en este caso 547,24 euros al mes, y consigue un trabajo. Para saber si perderá la prestación regional debe multiplicar 574,24 euros por 3. El resultado es 1.722.07. Eso significa que no se le minoraría el salario social que percibe, aunque tenga ingresos provenientes de un trabajo por ese importe a lo largo del año.
Se contempla la misma exención para los autónomos
No computan los ingresos inferiores o equivalentes al triple de la cuantía mensual correspondiente a la unidad económica de convivencia independiente en ausencia de recursos, acumulados en un año natural.
Planes de empleo
El nuevo decreto exceptúa del cómputo los rendimientos procedentes de contratos suscritos dentro de planes o programas de incorporación sociolaboral por una duración máxima de seis meses, salvo para los menores de 25 años, que llega a los 12 meses. El decreto prevé ya la aplicación de esta exención a los jóvenes que actualmente participan en el programa “Ocúpate” desde septiembre. Se busca de esta manera incentivar la participación en este tipo de planes, que ahora tienen un bajo índice de participación. “Se considera que esta exención es una inversión a medio y largo plazo y un incentivo al empleo de los jóvenes”, afirman desde la Consejería.
Comunicación de cambios
Hasta ahora, las personas beneficiarias del salario social (titular y miembros de la unidad económica de convivencia) están obligadas a comunicar cualquier variación que afecte a la prestación en el plazo de un mes desde que esta tuvo lugar. Con el nuevo decreto, en el caso de que dichas variaciones provengan de un contrato de trabajo o del trabajo por cuenta propia –y no impliquen la extinción del salario social básico–, esta obligación se sustituye por la de presentar una declaración responsable, una vez finalizado el año natural en el que se hayan producido y dentro del primer trimestre del siguiente ejercicio.
Búsqueda de empleo
Antes de la concesión del salario social se requiere la inscripción como demandantes de empleo de todos los miembros de la unidad económica de convivencia menores de 65 años. Una vez concedido, la búsqueda activa de empleo se acreditará mediante la realización de lo dispuesto en el programa personalizado de incorporación social o mediante informe del Servicio Público de Empleo del Principado de Asturias.
Competencias
Para la declaración de un proyecto de integración social de especial interés se requiere el informe previo del Servicio Público de Empleo, ya que se trata de proyectos vinculados con la inserción laboral. En la medida en que van dirigidos a beneficiarios del salario social o del ingreso mínimo vital, la competencia recae en la Consejería de Derechos Sociales.
Ayuda en las gestiones
Apoyo, asesoramiento, formación y acompañamiento a las personas para la tramitación digital de las prestaciones o las gestiones de su vida cotidiana, de manera que puedan adquirir las competencias y habilidades básicas para ser autónomas en el acceso a sus derechos y en su desenvolvimiento en el mundo digital.