La idea es autorizar en lugar de licenciar. La reestructuración administrativa que prepara el Gobierno del Principado empezará por una relajación de la exigencia burocrática que, llevada al caso concreto, prevé eximir a determinadas obras del tortuoso camino de la licencia urbanística, sustituyendo esta exigencia por una autorización expedida bajo el requisito más simple de una mera declaración responsable del promotor. El Ejecutivo autonómico concreta en esos términos su avance del abordaje que tiene previsto para empezar a abreviar el proceloso fárrago burocrático asturiano, el problema de los atascos, las esperas y las demoras en la tramitación administrativa que se expanden por toda la región espolvoreando casos de plazos de gestiones vergonzantes, largamente denunciados como un lastre para el desarrollo regional en muchos sentidos.
“La Administración es lenta”, asume el Gobierno. Desde esta premisa de partida, su primera respuesta estará en la ley de simplificación de trámites que está en elaboración, que camina hacia la Junta con la pretensión de entrar en el parlamento en junio, dentro del último plazo comprometido por el presidente del Principado, Adrián Barbón. El Ejecutivo llevará a la cámara una norma “ómnibus”, que reformará preceptos de otras leyes y que muy básicamente trata de expurgar de trámites los procedimientos. De entrada, el vicepresidente Juan Cofiño avanza que para “determinadas obras y tipologías urbanísticas” bastará con una declaración responsable para que el inicio de los trabajos no deba esperar al peregrinaje de los papeles por el largo camino hacia la expedición de la licencia. Sería casi automático, sin perjuicio de las comprobaciones posteriores de documentación que sean necesarias y de la salvaguarda de la seguridad jurídica de las operaciones.
Todavía “estamos valorando hasta dónde puede llegar”, subraya, un planteamiento que estará pensado para algún tipo concreto de intervención, “para algunas cuestiones que nos parece innecesario someter a un trámite tan pesado como es la licencia”. A mayores, Cofiño invoca la intención adicional, más difusa, de tocar también otros dos aspectos fundamentales de la maraña administrativa asturiana, objeto de no pocas protestas por su demora y exceso burocrático: la norma de patrimonio y la medioambiental. Con más cautela, para tratar de abreviar también esta fase del procedimiento burocrático, el Vicepresidente habla asimismo de “aligerar o incluso eliminar, hasta donde podamos llegar, algunas licencias de patrimonio” y de abreviar “plazos y trámites medioambientales”.
El proyecto será el primero con dimensión normativa de los que han de dar forma a la reforma global del entramado administrativo que el Principado tiene en marcha desde hace algo menos de un año. El plan que Barbón encomendó a Cofiño y que dio pie en junio de 2020 a la primera remodelación de su Gobierno tiene envergadura de tarea de legislatura y mucha faena por delante para racionalizar, mover y aumentar la eficiencia de la plantilla, para garantizar alguna movilidad del personal, digitalizar los procesos o contar con el personal que demandan los nuevos desafíos y la gestión de los fondos europeos. Lo inmediato es, resalta Cofiño, “tocar diferentes aspectos que creemos que podemos acometer ahora mismo para mejorar y aligerar trámites, aunque tenemos que emprender un camino de regulación de fondo, que llevará más tiempo y no sólo debe implicar al Gobierno, porque las leyes las aprueba el parlamento”.
El Vicepresidente ha repetido que una legislación a veces excesivamente garantista opera como lastre sobre los plazos y los procedimientos, se ha referido a una ley del suelo “inapropiada” y a una norma de patrimonio cultural que pide una reforma y ha avanzado que entre sus planes se incluye también, por ejemplo, la elaboración de “pliegos tipo” para “mejorar la contratación administrativa” y no tener que redactar documentos de condiciones específicos para cada caso.
El Gobierno valora excluir de las oposiciones y dar una solución específica a los interinos de más edad
“Ya hemos superado procesos selectivos en igualdad, mérito y capacidad”, “29 años en fraude de ley”, “Fijeza ya”. Con mensajes como esos adheridos a las ventanillas de los coches, la protesta de los trabajadores interinos de la Administración asturiana volvió ayer a las calles. En Gijón, con una marcha en coches, pidieron soluciones para los miles de trabajadores públicos que llevan incluso varios decenios encadenando contratos temporales y que están en riesgo de perder el empleo. El Principado tiene pendiente y en estudio la respuesta para dar solución al conflicto. Ha adelantado que aumentará el peso de la experiencia en las oposiciones que se convoquen. También se valora, anuncia el vicepresidente Juan Cofiño, una fórmula específica para los trabajadores con más edad y años de servicio, particularmente para los que están cerca de la jubilación. Pasaría por “excluir de los concursos oposición a los interinos a los que por su edad no parece sensato someter en este momento de su carrera al estrés de una prueba”.
