El PP asturiano presentó ayer en Madrid, ante una representación de la Confederación Española de Áreas Empresariales (CEDAES), su propuesta legislativa para ordenar los polígonos industriales asturianos, para “hacerlos competitivos y aportarles valor, mejorando su gestión”. La presidenta y portavoz parlamentaria de los populares, Teresa Mallada, evidenció la necesidad de que la Junta General del Principado produzca una regulación específica sobre estos espacios empresariales que concibe como una herramienta “imprescindible para la economía” lastrada en su versión actual por “importantes deficiencias en materia de conservación, limpieza, seguridad o conectividad”.
La propuesta que el PP ha registrado en el parlamento autonómico incide en la necesidad de activar una vía de gestión que estimule la colaboración público-privada y de instituir una nueva figura jurídica, las Entidades de Gestión Colaboradoras (EGC) de zonas o polígonos industriales, conforme a la cual asociaciones de propietarios asumirían funciones y servicios de carácter público mediante la suscripción voluntaria de un convenio con la Administración Pública, funciones y servicios de carácter público. Este concepto reformaría y ampliaría, en la versión que defiende el grupo popular, la capacidad de gestión de las actuales Entidades Urbanísticas Colaboradoras (EUC), que en su versión actual están enfocadas sobre todo, al decir de Mallada, hacia la conservación de infraestructuras, toda vez que la posibilidad que les asiste ya de asumir la gestión del polígono a través de un acuerdo con las instituciones públicas carece de toda regulación.
La presidenta popular defiende la evolución de estas organizaciones hacia un nuevo modelo que les aportaría “seguridad jurídica” mediante el establecimiento de “un procedimiento completo para la creación, aprobación y articulación de sus estructuras”, que las dotaría de “una guía de organización y funcionamiento” y de un mecanismo para el “desarrollo de sus órganos de gobierno, administración y participación”.
Sólo así, reafirma Mallada, será posible conseguir que los dos agentes implicados en el funcionamiento de las áreas empresariales, los propietarios y las instituciones públicas, “colaboren de forma coordinada en la creación, conservación, mantenimiento y modernización de los servicios públicos, así como en el desarrollo de funciones adicionales con valor añadido”.
La iniciativa se justifica sobre la constancia de que “vamos mal si no interiorizamos la necesidad de que exista una colaboración público-privada para que Asturias pueda desarrollarse económicamente”. La propuesta añade la previsión de que se articule una responsabilidad subsidiaria de la Administración autonómica en caso de omisión o imposibilidad de cumplimiento de sus obligaciones por parte los ayuntamientos y la elaboración de una clasificación de polígonos atendiendo a sus dotaciones y al catálogo de servicios disponibles, distribuyéndolos en áreas industriales básicas, consolidadas y avanzadas.
“Es vital mantener el empleo en estos polígonos y facilitar que se genere aún más, especialmente en las alas y la zona rural, donde estas infraestructuras ayudan a generar oportunidades y a fijar población”, concluyó Mallada.
