“Esta obra está gafada”, comentaba ayer una oriunda de Panes al conocer por LA NUEVA ESPAÑA la suspensión de la licitación de las obras de reforma integral de la carretera N-621 (León-Santander por Potes), a su paso por el desfiladero de La Hermida, un angosto paso que une Panes con la comarca cántabra de Liébana. El proyecto, que acumula ya treinta años de retraso, fue anunciado a bombo y platillo el pasado 31 de mayo por el secretario general de Infraestructuras, Sergio Vázquez, en un acto al que asistieron las delegadas del Gobierno en Cantabria (Ainoa Quiñones) y Asturias (Delia Losa) y varios alcaldes de la zona.
La razón de la suspensión radica en un recurso interpuesto por la Confederación Nacional de la Construcción (CNC) contra el anuncio y los pliegos del procedimiento de licitación. El Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales ha atendido la petición de suspensión cautelar de la tramitación administrativa, aunque matiza que esta, en principio, no afecta al plazo de presentación de ofertas, que concluyó el pasado 31 de mayo. Si quedan suspendidas las aperturas de las propuestas técnicas, económicas y administrativas, previstas para este mes.
Los constructores alegan en su recurso que el Ministerio de Fomento ha infringido presuntamente la Ley de Contratación del Sector Público en los pliegos de condiciones de la licitación, porque establecen que el adjudicatario debe aceptar que los precios nuevos finales a pagar por la Administración generados en un posible expediente de modificación serán como máximo los recogidos en la “Base de Precios de la Dirección General de Carreteras”. Y, según la CNC la ley exige taxativamente dar audiencia al adjudicatario, por lo que pide la nulidad de la licitación.
Las consecuencias de este recurso dependen de la decisión final del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales. Si considera que no hay error en los pliegos el retraso será mínimo, porque la decisión llegará en unos días, aunque debe tenerse en cuenta que aún habrá dos meses para presentar un recurso contencioso administrativo.
En el caso de que el tribunal determine que existe una ilegalidad en los pliegos podría obligar al Ministerio a convocar de nuevo la licitación, lo que acarrearía varios meses de demora. Un experto en este tipo de recursos señaló ayer que existen “muchas posibilidades” de que la licitación se declare nula, porque la redacción infringe la ley y el tribunal puede considerar que algunas empresas no presentaron ofertas, precisamente por la cláusula que no reconoce la obligación de dar audiencia al contratista.
El Ministerio de Transportes había licitado las obras del desfiladero de La Hermida, largamente demandadas por los vecinos de la zona, con un importe de 95,74 millones de euros (IVA incluido), repartido en cuatro anualidades, de 2022 a 2025, ambos inclusive.
El desfiladero de La Hermida, con 21 kilómetros de longitud, es el más largo de España. Casi la mitad del recorrido se sitúa en Asturias. Sigue el curso del río Deva y está flanqueado por paredones que alcanzan los 600 metros de altura y en los que se registran frecuentes desprendimientos de rocas.
