La Junta General del Principado aprobó ayer de forma definitiva la modificación de la ley de Salud para que el Gobierno tenga la capacidad de declarar la emergencia sanitaria en caso de que se repitan situaciones análogas a la pandemia del coronavirus.
“Pocas veces un cambio tan pequeño habrá dado tanto trabajo”, resumió la diputada socialista Carmen Eva Pérez Ordieres, quien recordó el planteamiento que trasladó el epidemiólogo Daniel López Acuña para que Asturias se dotase de “la herramienta” que supone la emergencia sanitaria para poder intervenir de forma ágil en crisis relacionadas con episodios concernientes a la salud pública. La diputada Beatriz Polledo (PP) defendió “la colaboración leal” de su grupo que ser traduce, por ejemplo, en que la declaración de la emergencia deba contar con tres informes previos de naturaleza sanitaria, económica y social. La portavoz de Cs, Susana Fernández, destacó que el texto original mejora con la aportación técnica de los servicios jurídicos de la Cámara, elogiada por Ricardo Menéndez Salmón (Podemos), quien señaló que esa intervención ha permitido un texto más correcto “y más elegante en su expresión”. IU votó a favor del dictamen final pero presentó un voto particular en disconformidad con la entrada de sindicatos profesionales en el Consejo de Salud y criticó que Podemos apoyase una enmienda transacional con el PP y que los socialistas no retirasen un texto que “poco se parece al acordado inicialmente”.
Por otra parte, pleno de la Junta también aprobó, con los únicos votos en contra de Vox, la ley de Garantía de Derechos y Prestaciones Vitales. La consejera Melania Álvarez agradeció las aportaciones de los siete grupos parlamentarios a una normativa que agilizará y garantizará el acceso a ayudas y prestaciones sociales.
