Tres de cada cuatro entidades locales sometidas a la vigilancia de la Sindicatura de Cuentas sostiene que carece de personal suficiente para hacer frente a sus actuaciones de control interno. El organismo incluye ésta y otras conclusiones en su informe de fiscalización del sector público local asturiano, correspondiente al ejercicio de 2019 y recién aprobado. Además de volver a recomendar que se complete la liquidación de las mancomunidades, consorcios y sociedades mercantiles sin actividad continuada, el documento constata que las entidades locales siguen aprobando sus presupuestos sin cumplir los plazos legales.
Los ayuntamientos, mancomunidades y parroquias rurales analizados tienen la obligación legal de aprobar el presupuesto antes del comienzo del año para que las cuentas puedan funcionar “como un instrumento útil de planificación presupuestaria y económica”. Sin embargo, de las 108 entidades que rindieron la cuenta general en plazo, sólo 59 aprobaron su presupuesto antes del 31 de diciembre de 2018 –únicamente 21 ayuntamientos, además de dos mancomunidades y 36 parroquias–. El resto, excepto cinco ayuntamientos que no aprobaron el presupuesto de 2019 (Aller, Llanera, Llanes, Carreño y Pesoz), lo dio de paso durante el ejercicio, con un retraso medio de 112 días en el caso de los ayuntamientos.
Solamente 38 entidades cumplieron con el deber de colaboración sobre control interno, 36 ayuntamientos y dos mancomunidades, y es aquí donde un 76 por ciento, más de tres de cada cuatro, aduce falta de personal para justificar el incumplimiento. La Sindicatura de Cuentas emite además en su informe una opinión con salvedades en la fiscalización de cumplimiento de los sistemas de control interno de los ayuntamientos de Lena, Santo Adriano y Villayón. En los tres casos se detecta que la corporación local carece de una relación de puestos de trabajo “u otro instrumento organizativo similar” y que tampoco se aprobó una oferta de empleo público en 2019 para cubrir necesidades de personal mediante nuevas contrataciones. En Lena, se resalta que el consistorio abona “como concepto retributivo” un complemento de productividad sobre el que no se ha acreditado vinculación alguna “a sistemas de evaluación de objetivos”, algo que se reproduce en términos similares en el Ayuntamiento de Villayón. También en Lena se echa en falta un plan de tesorería y se resalta que “el puesto de tesorero estaba ocupado en 2019 mediante nombramiento accidental por un funcionario de la corporación que no cumplía los requisitos exigidos”.
Con carácter general, la Sindicatura recomienda que las entidades adopten “todas las medidas necesarias para depurar responsabilidades con el fin de evitar que se perpetúen prácticas que conllevan el quebrantamiento del ordenamiento jurídico y se utilicen sin más consecuencias que la declaración de nulidad de acto administrativo, lo que vulnera de forma sistemática los principios de legalidad, economía, eficacia y eficiencia, entre otros”.
