La oposición teme cesiones al separatismo catalán que dañen la financiación de Asturias

Adrián Barbón se lleva hoy a Salamanca, de parte de la oposición, una exigencia de firmeza para hacer valer la peculiaridad asturiana en la reforma del sistema de financiación autonómica. Ante la Conferencia de Presidentes, los antagonistas parlamentarios del PSOE emplazan al jefe del Ejecutivo regional a precisar de modo exacto el coste suplementario de prestar servicios a una población de las características de la asturiana, envejecida, dispersa y declinante, y a hacer ver que esas singularidades deben ser criterios prioritarios en la modificación del modelo de reparto de fondos entre autonomías.

Como deberes, instrucciones y precauciones previas al encuentro, el PP y Ciudadanos también temen, respectivamente, que Asturias quede “arrinconada” en un modelo de “pago de favores políticos” a otras regiones y los efectos de “la negociación bajo cuerda con los independentistas catalanes”. Podemos reincide en la petición de inclusión de un “factor de insularidad” por las deficiencias de las comunicaciones, Foro en la ejecución rigurosa de un cálculo de costes “real” e IU introduce la necesidad de avance hacia la armonización fiscal. De cara a la negociación, en la que también se pide la fusión de fuerzas con otras autonomías de corte e intereses similares, todos han firmado un acuerdo de mínimos con el PSOE y el Gobierno salvo Vox, que reclama “la abolición de este sistema”.

El diputado del PP Pablo González pone los acentos sobre la certeza de que “no debería abrirse ningún debate en el que no esté asegurada una mejor financiación para Asturias, y nos tememos que una vez más se inicien caminos de final incierto”, con la amenaza de que el Gobierno central quiera pagar “favores políticos a Cataluña a costa del dinero de todos los españoles, dividiendo entre ciudadanos de primera y de segunda”. Barbón, subraya, “debe ser firme y defender los intereses de todos los asturianos por encima de la obediencia que le exige Sánchez”.

El coordinador de Ciudadanos en Asturias, Nacho Cuesta, enfoca la cuestión a partir de la demanda de un sistema que “sea transparente en los criterios de reparto” y “equitativo con el resto de comunidades autónomas”. Ese es su planteamiento de partida para un proceso que, sin embargo, no apaga su escepticismo. “Nos tememos que será más de lo mismo y que seguiremos siendo los hermanos pobres del territorio español”, adelanta. “Asturias va a salir malparada de una reforma que sin duda estará condicionada por la negociación, bajo cuerda, de Sánchez con los separatistas catalanes y las concesiones a los vascos”.

Junto a la evidencia de que “el coste real de la prestación de los servicios” debe prevalecer sobre el peso de la población, el secretario general de Podemos en Asturias y portavoz parlamentario, Daniel Ripa, defiende un criterio ya explicitado con anterioridad sobre la necesidad de incluir en el nuevo sistema “una suerte de ‘factor de insularidad’ que tenga en cuenta la situación de aislamiento en la que se encuentra nuestra comunidad y que permita corregir el histórico déficit de infraestructuras que sufre Asturias y que supone unos sobrecostes muy notables para los asturianos”. Ripa coincide con IU en que ha llegado el momento de activar en este contexto el debate sobre “una armonización fiscal que evite la competencia entre territorios”, en su caso mediante “una tributación mínima no bonificable para el conjunto de las autonomías” y un incremento de recursos de la financiación a través del establecimiento de “impuestos a la riqueza y contra los paraísos fiscales”.

La portavoz de IU, Ángela Vallina, confluye en que ha llegado el momento de la aproximación fiscal entre autonomías y pide un sistema de financiación “suficiente y que garantice la igualdad de derechos de la ciudadanía con independencia del lugar en el que reside. Adrián Pumares, portavoz y secretario general de Foro, emplaza al Principado a ir a esta discusión “de la mano de autonomías con reclamaciones similares a las nuestras, como Galicia, Castilla y León, Aragón, la Mancha o La Rioja” y a que el Ejecutivo haga los esfuerzos necesarios para clarificar, “conocer y trasladar el coste real de los servicios básicos que se prestan en el Principado y que por las características de nuestra comunidad autónoma son más elevados que en otras regiones de España”. Mientras, su homólogo de Vox, Ignacio Blanco, opta por la abolición del sistema de reparto. “. Los recursos públicos deben valorarse por ciudadano, no por territorios”, afirma.

Dicho todo eso, el acuerdo que contiene los criterios mínimos de la reforma y que firmaron todos los grupos de la Junta, salvo Vox, es el punto del que parte la portavoz socialista, Dolores Carcedo, para pedir un modelo “fruto del consenso tras una negociación multilateral en el Consejo de Política Fiscal y Financiera” y “centrado en las personas y en los servicios que se les deben prestar, con independencia de donde vivan. Por eso, las comunidades tienen que recibir los recursos que les correspondan para garantizar un nivel equivalente de servicios públicos, que no tienen en todos los territorios el mismo coste”.

Cataluña saca 1.024 millones en el indulto de los anticipos

L. G.

Una de las decisiones extraordinarias del Gobierno en materia de financiación autonómica supone que las regiones quedarán exoneradas de devolver en 2022 los 3.900 millones correspondientes a las diferencias entre los anticipos que recibieron en 2020 y los ingresos reales, mutilados por la crisis del coronavirus. Según la Generalitat, el beneficio para Cataluña será de 1.024 millones (26% del total), convirtiéndose en agraciada principal de esa suerte de indulto financiero. También se ha conocido que el País Vasco obtendrá 220 millones con la gestión de los nuevos impuestos que el Ejecutivo le ha cedido a cambio de la presencia del lehendakari Urkullu en la Conferencia de Presidentes de hoy.

Un extra de 120 millones para los ayuntamientos asturianos

M. P.

La parte que llegará a los ayuntamientos asturianos de las mejoras financieras comprometidas por el Gobierno central asciende a 120 millones de euros, según los cálculos de la Federación Socialista Asturiana. La partida, de 6.000 millones en el conjunto de los municipios españoles, resulta de sumar la parte correspondiente a la recaudación del IVA de 2017 no abonada en su momento, la compensación para amortiguar la liquidación negativa de la participación en los tributos del Estado y los anticipos por la recaudación tributaria de 2022, los mismos conceptos por los que también serán compensadas las autonomías, siempre que se aprueben los Presupuestos de 2022.

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