La implantación del toque de queda nocturno en los ocho concejos de la región con más incidencia de covid está pendiente del pronunciamiento del Tribunal Superior de Justicia de Asturias. Ayer, la Fiscalía del Principado expresó su rechazo a la limitación de la movilidad y su visto bueno a que el Gobierno regional prohíba la formación de grupos de más de diez personas. El Alto Tribunal deberá definirse entre hoy y mañana sobre unas medidas restrictivas que el Ejecutivo autonómico pretende instaurar a las 0.00 horas de pasado mañana, lunes.
Los municipios afectados por el sistema “4 Plus” son Oviedo, Gijón, Carreño, Gozón, Laviana, Mieres, Siero y Villaviciosa. Todos ellos llevan tres días o más en nivel cuatro de riesgo y dos días extras con una incidencia acumulada a 14 días de más de 350, con un riesgo medio de presión sobre los hospitales, según los datos del Ministerio de Sanidad. El denominado “4 Plus” tiene una vigencia de 14 días naturales y se irá renovando según la evolución epidemiológica. La medida ya se ha publicado en el Boletín Oficial del Principado de Asturias (BOPA). Si las decisiones que afectan a derechos fundamentales no fuesen autorizadas por los jueces, entrarían en vigor las restantes.
Pero la pretensión del Gobierno autonómico de limitar los movimientos en los territorios con más contagios sufrió ayer su primer revés. La Fiscalía del Principado dictaminó que impedir la circulación por las vías y espacios públicos es una medida “desproporcionada en este momento de la crisis sanitaria”. En consecuencia, entiende que “no procede” que el toque de queda sea autorizado por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA).
El Ministerio Fiscal considera que la prohibición de circular por vías y espacios de uso público entre la 01.00 y las 6.00 horas “supondría una supresión absoluta del derecho a la libertad de circulación de la totalidad de los habitantes de esas localidades, cuando una parte muy numerosa de los mismos cuenta con la pauta completa de vacunación y pertenece a un grupo poblacional que no está en el foco de los contagios”.
A juicio de la Fiscalía, “sería una medida prácticamente equivalente a un confinamiento domiciliario durante un periodo de cinco horas y, en este sentido, no se considera proporcionado”. El Ministerio Público añade que la incidencia acumulada está en fase de descenso, la positividad ha entrado en un periodo de estabilización y la ocupación de camas hospitalarias y de UCI permanecen en niveles de riesgo bajo/medio.
Por el contrario, el Fiscal entiende que, “si bien la prohibición de formar grupos de más de 10 personas limita el derecho de reunión, no lo elimina y es proporcional al fin que persigue, evitando agrupaciones multitudinarias y el riesgo que ello conlleva y, por tanto, se muestra conforme con su autorización”. Si esta medida prosperara, en espacios de uso público no podrían formarse grupos de más de diez personas, salvo que se tratase de personas convivientes.
Barbón: “Asumo el coste”
El presidente del Principado, Adrián Barbón, acogió con resignación el dictamen: “Respetamos la decisión de la Fiscalía, como respetaremos la del TSJA, pero creemos que las medidas que proponemos son buenas”. Según Barbón, “sabíamos que las decisiones que tomamos sobre la pandemia tenían un coste social y político, pero lo asumimos”. ¿Qué hará el Gobierno si sus medidas no son autorizadas? “Reflexionaremos”, concluyó el Presidente regional.
“El poder judicial no puede hacer de autoridad sanitaria”, afirma Podemos
Las reticencias de la Fiscalía ante el toque de queda activaron ayer la versión más crítica de la oposición parlamentaria frente a la gestión del Gobierno en la quinta ola de la pandemia. La diputada del PP Beatriz Polledo lamenta la falta de respuesta del consejero de Salud a su interpelación sobre el plan B si se rechaza la restricción de la movilidad nocturna y persevera en que “todas las medidas que se tomen tienen que ser proporcionadas, estar suficientemente justificadas mediante informes y tener claro qué van a suponer para prever las indemnizaciones correspondientes. Lamentablemente, hasta ahora el Gobierno de Barbón no ha actuado así”, afirma la diputada antes de volver a reclamar una legislación unitaria nacional.
Una legislación uniforme a nivel nacional también forma parte de las demandas de la portavoz de Ciudadanos. Susana Fernández habla de la necesidad de una norma que unifique criterios y medidas y que evite tener que depender de resoluciones judiciales contradictorias que generan “confusión”. Avanza que el toque de queda “nos parece una medida desproporcionada que afecta gravemente a los derechos y libertades de los ciudadanos”.
“El poder judicial no puede hacer de autoridad sanitaria”, afirma el portavoz de Podemos, Daniel Ripa, para quien el Gobierno del Principado “ha llegado tarde” a la contención de la quinta ola. El toque de queda puede ser necesario, admite, pero como “último recurso. Lo que hay que preguntarse es por qué no se tomaron a finales de junio y comienzos de julio medidas de control temprano de la pandemia, como test masivos o un número suficiente de rastreadores”. El parlamentario morado aprovecha para recordar que el Principado prescindió de rastreadores en las vísperas de este episodio, algo así como “despedir a los bomberos antes de la temporada de incendios y contratarlos cuando se está quemando el bosque”.
El coordinador de IU, Ovidio Zapico, apoya las nuevas decisiones bajo la premisa de que “han sido adoptadas con criterios científicos médicos”. Entre tanto, el portavoz de Foro, Adrián Pumares, discrepa en consonancia con la Fiscalía. Considera “desproporcionado” y “contraproducente” el toque de queda y lamenta que “limitar libertades sea la única manera de luchar contra la pandemia que se le ocurre a Barbón, que sigue confundiendo restricciones con buena gestión” y que debería, a su juicio, generalizar el sistema de “autocita” para la vacunación, dando así respuesta a esta explosión que no es tanto, a su juicio, una “ola joven” como “una ola de los no vacunados”.
La oposición al toque de queda también es el criterio de Vox, cuyo portavoz, Ignacio Blanco, intuye que Adrián Barbón “no quiere recuperar el estado de libertades en el que todos vivíamos antes de las inconstitucionales medidas adoptadas por el Gobierno de Pedro Sánchez”.
