El precio que pone Foro a la oficialidad descoloca a los partidos que la apoyan y que tienen como prioridad su aprobación en esta legislatura. El portavoz forista, Adrián Pumares, dio un golpe de efecto en el debate sobre el estado de la autonomía al mostrar su disposición a aprobar una oficialidad que no entrañe imposiciones ni obligaciones, pero también puso condiciones, como que el modelo deba ser aprobado en una ley por mayoría reforzada de tres quintas partes de la Cámara, la práctica derogación del impuesto de Sucesiones y el establecimiento de ayudas directas a la natalidad, de 150 euros mensuales por hijo, para combatir “la sangría demográfica”.
Los tres partidos que apoyan a la oficialidad son el PSOE, Podemos e IU. El presidente del principado, Adrián Barbón, aseguró recibir “con los brazos abiertos” la iniciativa de Pumares, pero también matizó en el propio hemiciclo de la Junta General que se trata de una cuestión a analizar y decidir por el partido, al margen de que él pueda tener su opinión. De momento, la Federación Socialista Asturiana (FSA) opta por guardar silencio, aunque su ejecutiva, reunida ayer, se comprometió “a analizar durante las próximas fechas” la propuesta lanzada por Foro en el debate sobre el estado de la autonomía.
Podemos e Izquierda Unida sí se pronunciaron ayer sobre la propuesta de Foro. Prefirieron ver el vaso de la oficialidad medio lleno pese a que el precio que puso Adrián Pumares se carga de un plumazo el mantra de la progresividad fiscal, enarbolado por la izquierda asturiana de manera insistente en cada pleno, comisión de Hacienda y negociación de los Presupuestos autonómicos desde hace años.
Rafael Palacios destacó como “un hecho muy positivo y fundamental” que la oferta de Foro haya puesto fin a “la parálisis total” en la que, según el diputado podemista, estaba sumida la negociación de la reforma del Estatuto de Autonomía desde el pasado septiembre. Y se mostró optimista. “Ya sabemos que hay 27 votos para la oficialidad”. Pero acto seguido se desmarcó de que el apoyo a la cooficialidad, la derogación del impuesto de Sucesiones y el establecimiento de ayudas directas a la natalidad fueran vasos comunicantes, como planteó Foro. “Son condiciones a discutir y debatir en las organizaciones (...) Pero hay que distinguir una negociación para una reforma estatutaria de lo que ye una negociación presupuestaria”, afirmó Palacios, que puso un ejemplo práctico: “Nadie entendería que Podemos pusiera la gratuidad de las escuelas de 0-3 años para votar a favor de la oficialidad o para reformar el Estatuto. Son cuestiones que no caben”.
La portavoz de IU en la Junta General, Ángela Vallina, también se desmarcó de mezclar la eliminación de Sucesiones con la oficialidad. “No parece muy de recibo envolver la reforma para la oficialidad en una agenda económica de la derecha. Esa propuesta sobre Sucesiones se debe negociar en el Presupuesto pero no cabe en el Estatuto, no tiene mucho sentido”, valoró Vallina, quien, no obstante, también dijo ver “más cerca” los 27 votos para la oficialidad. Un apunte: limitar la supresión de Sucesiones o la creación de las ayudas a la natalidad al marco de la negociación del Presupuesto podría limitar su vigencia a un año, aunque Foro quiera que sea algo “sostenido”; mientras que una reforma estatutaria tiene vocación de permanecer más en el tiempo por lo complicado de cambiar el Estatuto.
La dirección forista eleva su exigencia reformista
La comisión directiva de Foro detalló ayer un amplio decálogo de requisitos y exigencias a cambio del voto favorable a la reforma del Estatuto, que dividió en tres grandes capítulos. Reforma fiscal: Debe incluirse en el presupuesto de 2022. Foro propone seguir el modelo gallego y elevar el límite exento en el impuesto de Sucesiones hasta el millón de euros por heredero, en los grupos de parentesco I y II. Además, rebajar en medio punto los cuatro primeros tramos del IRPF y un tipo reducido para la primera adquisición de vivienda por jóvenes y en núcleos rurales. Reforma demográfica: Destinar el 5% del Presupuesto autonómico al impulso demográfico, con medidas como la ayuda de 150 euros por hijo recién nacido y mes hasta la mayoría de edad y políticas de apoyo al mundo rural. Reforma de las infraestructuras: Nueva fórmula de gestión en el Consorcio de Transportes y reclamar las competencias de gestión del Aeropuerto de Asturias. Plan de Vías de Gijón y extender la red 4 G y de fibra al 100 por ciento del territorio.
