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El PP señala como líneas rojas “claras” al Presupuesto la oficialidad y Sucesiones

Los populares quieren conocer la respuesta del Gobierno socialista a sus propuestas para valorar una posible abstención en las cuentas

El PP asturiano está muy lejos de votar a favor del proyecto de Presupuestos del Gobierno de Adrián Barbón, que aún no conoce, pero estaría dispuesto a sopesar una abstención, que evitaría la enmienda de totalidad, siempre y cuando respete las cuatro líneas rojas que marcó ayer: que no haya dinero para la oficialidad en las cuentas de 2022, la práctica eliminación del impuesto de Sucesiones para la vivienda habitual con independencia del grado de parentesco y en la transmisión de negocios de hasta 300.000 euros, así como la gratuidad de las escuelas 0-3 para el segundo hijo y las facilidades para la contratación de menores de 30 años.

“Hay tres opciones de voto y aunque nos separan bastantes cosas del PSOE podría haber otras posibilidades que no sean el rechazo”, advirtió el portavoz adjunto del PP en la Junta, Pablo González. El parlamentario confirmó que la cooficialidad supondrá “una línea roja clarísima”, de tal forma que los diputados populares estarán atentos a que no haya un incremento de las partidas que recibe la llingua, que pudiera estar vinculado a un refuerzo de su estatus vía reforma estatutaria.

El PP ve las posturas distantes, incluso para la abstención, porque el PSOE se ha venido mostrando “reacio” a una rebaja de impuestos, aunque Pablo González admitió que habrá que esperar si la respuesta del Gobierno consiste “en un radical”.

El calendario de la tramitación del Presupuesto del Principado se definirá mañana en una junta de portavoces tras el último pleno ordinario de noviembre pero, en principio, la previsión es que la consejera de Hacienda presente esta misma semana el proyecto en el Consejo de Gobierno y posteriormente lo registre en el parlamento autonómico. El PP también reclama avances “con más dinero” para políticas ligadas al refuerzo de la Atención Primaria, ayudas directas a la natalidad y a la contratación tanto de jóvenes como de personas mayores de 52 años, colectivos con especiales dificultades para entrar ahora en el mercado laboral.

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